" />

La diputada Nora Bracho, reafirmando lo anunciado por José Guerra desde el pasado mes de noviembre, que los diputados miserables inoculados a través de 2 "operadores": un traficante de bolsas CLAP y un ex gobernador recibirían un pago de 1 millón quinientos mil dólares, luego de haber recibido un adelanto de 300 mil dólares, este lunes 6 de Enero completarían el pago de su vendimia con los 1.200.000 $ restantes, resultado de la "Operación Alacrán"...

Eso, generó aguas turbulentas en la Asamblea Nacional de Venezuela. La única institución reconocida internacionalmente ha entrado en una vorágine de acusaciones, desconfianzas y ataques intestinos que han puesto en jaque no solo a la oposición venezolana sino al propio Juan Guaidó, quien la preside y por tanto es legitimado por más de 50 países como la cabeza de un gobierno interino en respuesta a la “usurpación” que hace Nicolás Maduro del poder Ejecutivo.

El domingo 1 de diciembre, un reportaje del portal de periodismo de investigación Armando.info reveló que ocho diputados opositores, integrantes de la Comisión de Contraloría, firmaron una “carta de buena conducta” para el empresario Carlos Lizcano, propietario de la empresa Salva Foods 2015, señalada de haber negociado con el gobierno nacional la red de Tiendas CLAP, mismo nombre del programa gubernamental de entrega de alimentos subsidiados que comenzó Maduro en 2016. Se trataría de la acción de un grupo parlamentario informal coordinado por el asambleísta Luis Parra, integrante de la Comisión de Ambiente —donde reposa una denuncia contra Lizcano por presuntos negocios mineros ilícitos.

Las comunicaciones fueron entregadas a la Fiscalía General de Colombia y enviadas por vía postal al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, donde la empresa es investigada como parte de las averiguaciones y sanciones que se han determinado contra los empresarios Álex Saab y Álvaro Pulido, los hombres que están detrás del negocio de los CLAP.

Develado el asunto, Juan Guaidó anunció que los diputados señalados, integrantes de tres de los cuatro partidos principales de la alianza opositora, serían separados de sus responsabilidades en las comisiones e investigados a fondo. El presidente del parlamento dijo que se trata de «hechos de corrupción que involucran a varios miembros de la dictadura, algunas decepcionantes individualidades del parlamento y claros intereses internacionales que financian este burdo plan».

Se refirió a la “Operación Maletín Verde” con la cual, según asomó, se busca comprar conciencias de diputados opositores para poner en jaque su reelección frente al parlamento que debe ocurrir en el 5 de enero de 2020. El 6 de noviembre pasado, el diputado José Guerra, quien se mantiene fuera del país al ser un perseguido judicial de Maduro, denunció que “un grupo de operadores financieros del régimen con maletines llenos de dólares para tratar de comprar nuestros diputados y que perdamos la mayoría calificada. Entre esos operadores están un traficante de bolsas CLAP y un exgobernador”. Nunca dio esos nombres, pero es sabido que “detrás de los CLAP” están Álex Saab y Álvaro Pulido, los jefes de Carlos Lizcano, con quienes algunos diputados habrían acordado favores, según Armando.info.

Jose Guerra
@JoseAGuerra
Denuncio la Operación Maletín Verde. Un grupo de operadores financieros del regimen con maletines llenos de dólares para tratar de comprar nuestros diputados y que perdamos la mayoría calificada. Entre esos operadores están un traficante de Bolsas Clap y un ex gobernador

9:37 - 6 nov. 2019

Según Guaidó, Álex Saab y Raúl Gorrín —otro empresario venezolano, dueño de Globovisión y sancionado por Estados Unidos por negocios con el chavismo— han captado a algunos de los diputados señalados en la trama “para impedir mi ratificación como presidente del Parlamento y por ende presidente encargado de Venezuela, el próximo 5 de enero”.

El lunes 2 de diciembre y en nombre del partido Voluntad Popular, Yon Goicoechea ha condenado a los tres parlamentarios de sus filas involucrados en el escándalo —como también hizo la tolda Primero Justicia con los suyos— y afirmó que ya tienen un caso confirmado de un diputado que habría aceptado dinero, en dólares estadounidenses, para votar en contra de Guaidó el próximo 5 de enero. “La oferta es muy inteligente, no les piden a estos diputados corruptos que voten por el chavismo. Tenemos un caso confirmado, para que vote por otro candidato que se haga pasar por la oposición”, explicó.

Goicoechea no quiso decir nombre y afirmó que será en el seno de la Asamblea Nacional donde se develen, “en su momento”.

Mientras llega ese momento, al menos hay unos nombres que están salpicados con el caso de la «limpieza de reputaciones» que denunció Armando.info en su investigación; varios de ellos aparecen firmando documentos desde 2018 que exoneran a Saab.

Luis Parra
Luis Eduardo Parra Rivero nació en el municipio Independencia, estado Yaracuy, localidad desde donde ha desarrollado su carrera políticas en el partido Primero Justicia. En 2005, fue electo concejal suplente del municipio que le vio crecer. Ocho años más tarde, se postuló a la alcaldía de dicha entidad, donde alcanzó un total de 10.532 votos (43,49%); sin embargo, no fueron suficientes y perdió contra José Mujica, quien lo superó con 12.533 sufragios (51,75%).

En 2015 se unió una vez más a la carrera electoral, pero esta vez por un curul en la Asamblea Nacional, con la tarjeta de la Unidad. En dichos comicios, fue electo diputado de la Mesa de la Unidad Democrática por el circuito 2 del estado Yaracuy para el periodo 2016-2021. Desde entonces, Parra ha sido integrante de la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, delegación que preside desde 2018.

En junio de 2017, el parlamentario aseguró que “los venezolanos no queremos ni nos anotamos en una Constituyente fraudulenta que lo que persigue es someter aún más al pueblo venezolano”. De igual forma en agosto del mismo año aseveró en su cuenta de Twitter que traición era “dejarle a un gobierno corrupto y violador de Derechos Humanos todas las instancias de poder en el país”. Ese año, se postuló como candidato a la gobernación de Yaracuy por la Mesa de la Unidad, elección que también perdió frente al candidato del PSUV Julio León Heredia, quien obtuvo 186.401 votos (62.13%).

Ante la investigación difundida por el portal Armando.info que lo vincula como el principal parlamentario en realizar gestiones en pro de Carlos Lizcano, presidente de la compañía Salva Foods 2015 -con quien incluso se habría reunido en varias oportunidades, aunque lo negó-, el diputado condenó la publicación y aseguró en su cuenta de Twitter que “existe un laboratorio de guerra sucia montado contra nosotros y algunos colegas diputados del Parlamento venezolano, por una red de extorsionadores, entre ellos el supuesto periodista Roberto Deniz y el portal Armando.info”.

Parra aseguró que el medio de comunicación pretende “malponer la gestión de la legítima Asamblea Nacional y victimizar al corrupto de Rafael Ramírez”, quien días antes difundió un documento de la Comisión de Contraloría de autenticidad incierta que afirma que no se ha confirmado irregularidades en el caso de Álex Saab.

“Desde esta instancia sostenemos que no nos amilanaran en nuestro deseo y trabajo de seguir construyendo una ¡VENEZUELA DIGNA Y LIBRE DE CORRUPCIÓN! #1Dic”, concluyó.

En su ataque a Deniz, lo acusó de haber huido de la «justicia», en referencia al exilio obligado del reportero debido a una persecución judicial en su contra que inició el propio Saab, como al resto de los editores del portal de investigación.

Luego, también en redes sociales, Parra difundió una grabación de su entrevista con el periodista, en la cual responde a las preguntas señalándolo como un extorsionador.

Luis Eduardo Parra R
@LuisEParra78
ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA:#DENUNCIA: Existe un laboratorio de guerra sucia montado contra nosotros y algunos colegas diputados del Parlamento venezolano, por una red de extorsionadores, entre ellos el supuesto periodista Roberto Deniz y el portal http://Armando.info #1Dic

9:55 - 1 dic. 2019

Ya el Colegio Nacional de Periodistas había condenado sus palabras y le informó que “atacar a la prensa libre no es el recurso para defenderse de su presunta participación en hechos de corrupción. (…) Estamos obligados a informar. Asuma su responsabilidad y explique a la opinión pública las denuncias en su contra”. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa también condenó las reacciones del parlamentaio.

Este miércoles 4 de diciembre, Parra se dirigió a los medios de comunicación mediante una rueda de prensa en la que aseguró que tanto él como sus colegas parlamentarios viajaron a Europa para que «se iniciara la investigación sobre unos casos que se se estaban dado de supuestos testaferros, estábamos recopilando las pruebas y solicitamos a esos países que abrieran la investigaciones de todos los que están implicados». No obstante, negó que haya firmado las cartas a favor de Carlos Lizcano y Alex Saab porque no es miembro de la Comisión de Contraloría, así como también negó algún tipo de vínculo con los empresarios nombrados anteriormente y las presuntas reuniones en el este de Caracas.

«Nosotros no tenemos rabo de paja y no tenemos nada que esconder. Lo que quieran investigar y de lo que nos quieran señalar, reitero están en todo su derecho; lo único que quiero es que me dejen defenderme y que se cumpla el debido proceso y que presenten pruebas porque la presunción de inocencia es hasta que se demuestre lo contrario», expresó el diputado.

De igual forma, explicó que cuando el periodista Roberto Deniz se comunicó para solicitarle la entrevista, le infirmó que no podía darle una «entrevista oficial porque no estoy autorizado por mi partido. Mi partido tiene una línea, tiene los voceros». Pidió al portal Armando.info «que presente las pruebas inclusive a la comisión, que las presente a todo el que quiera, pero sobre todo a los organismos y yo tendré que defenderme».

Respecto al ataque contra el medio de comunicación y su periodista dijo: «Si yo tengo que pedir disculpas por los errores y los excesos, no tengo problema en hacerlo».

Este domingo 5 de enero, cuando se presumía que Juan Guaidó sería reelecto para continuar con su gestión como representante del Parlamento venezolano para el período 2020-2021, Luis Parra se juramentó de forma ilegal como presidente de la Asamblea Nacional. Acompañado de la bancada del chavismo y de los «diputados CLAP», otros parlamentarios acusados de corrupción en el reportaje de Armando.Info, instalaron sesión dentro del Palacio Federal Legislativo y votaron por un nuevo representante y junta directiva (conformada por Franklin Duarte y Goyo Graterol), a pesar de no existir quórum, ni haber precisado el número de votos, sin esperar que el total de los diputados opositores ingresaran al hemiciclo y sin la presencia de Guaidó.

Desde el chavismo aseguraron que Juan Guaidó «no se presentó» a la sesión de la AN convocada a las 11 de la mañana del domingo por no tener los votos completos para lograr su reelección. En las inmediaciones del Parlamento, funcionarios de la Guardia y la Policía Nacional Bolivariana impedían el paso al presidente encargado (quien inclusó intentó saltar la cerca que rodea el lugar), demás diputados y a medios de comunicación.

Horas después, Nicolás Maduro reconoció a Luis Parra como presidente de la AN y a toda la directiva juramentada, a pesar de considerarla en desacato y de haber señalado semanas atrás que la mención de parlamentarios en la investigación dejaba en descubierto la «corrupción» de la oposición en el Parlamento. «La AN ha tomado una decisión y ha nombrado una nueva junta directiva de la oposición encabezada por el diputado Luis Parra». Dijo que lo ocurrido «ya se veía venir: una rebelión dentro de la Asamblea Nacional». Se refirió a Juan Guaidó al señalar que no quiso dar la cara al no asistir a la sesión. «No las tienes puestas porque si uno tiene que enfrentar una situación da la cara pero no quiso dar la cara». Afirmó que con esa nueva directiva a cargo de la AN se renovaría el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la convocatoria de las elecciones legislativas durante este año.

Luis Parra expresó en su cuenta de Twitter que «apegados muy respetuosamente a la Constitución» nombraron una nueva directiva. «Hoy nos toca el honor inmenso, la responsabilidad insuperable, de presidir este poder autónomo (…) No se trata de una persona, hoy abrimos paso nuevamente a la palabra equipo. Estoy convencido que nos vamos a defraudar a nadie. Seremos del tamaño del compromiso». Aseguró que el pasado quedó atrás y que a partir de este 5 de enero «venimos es a hablar del presente, de ser nosotros desde ahora los nuevos portavoces de la firmeza (…) Tenemos que abrirle paso al futuro hablando con la verdad».

Luis Eduardo Parra R
@LuisEParra78
El día de hoy ha sido de encuentros y desencuentros, como suele suceder en las mejores familias, entre hermanos, como lo que somos, ¡verdaderamente hermanos! (...)

16:06 - 5 ene. 2020

Por su parte, Juan Guaidó rechazo la junta directiva del Legislativo que encabeza Luis Parra. «Hoy unos diputados traidores instalaron ilegalmente un parlamento nacional sin ningún voto nominal (…) A esta hora, Venezuela no tiene parlamento». Anunció que a final de la tarde se instalaría la «verdadera sesión» de la Asamblea en una sala accidental e improvisada instalada en la sede del diario El Nacional, en Caracas, para el nombramiento «real» de la nueva junta directiva. Diferentes países y aliados internacionales del presidente encargado calificaron la juramentación de Parra como un «golpe» y una «farsa».

Juan Guaidó fue reelecto nuevamente como presidente de la Asamblea Nacional con 100 votos. Juan Pablo Guanipa y Carlos Berrizbeitia conforman la nueva junta directiva del parlamento para el período 2020-2021.

Conrado Pérez Linares
Aunque es médico veterinario de profesión, Conrado Pérez se ha involucrado con la política venezolana desde su tierra natal, Trujillo, donde es coordinador municipal del partido Primero Justicia. Fue allí donde resultó electo diputado de la Asamblea Nacional por la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para el período 2016-2021. En 2018 se volvió el vicepresidente de la Comisión de Contraloría del Parlamento, la única instancia anticorrupción en Venezuela que no está en manos del chavismo. Sobre él, el diputado Freddy Superlano en exilio autoimpuesto. Desde que se fue, Pérez ha fungido en la práctica como jefe de la instancia parlamentaria.

Conrado Pérez fue uno de los diputados que se presentó ante la justicia española en mayo de 2019 para denunciar a empresarios y políticos relacionados con el chavismo por el supuesto blanqueo de dinero venezolano, como relatan las pesquisas de Armando.info.

En una entrevista reseñada por el Diario de Los Andes en octubre acusó a empresarios «y opositores» de ser cómplices de la corrupción chavista. «Cuando se tocan intereses de corruptos, salen a relucir descalificaciones», aseguró luego de que Humberto Araujo señalara presuntas extorsiones contra empresarios venezolanos desde la Comisión de Contraloría. Agregó que «nosotros no podemos extorsionar porque no podemos meter preso a nadie».

Araujo, junto a la periodista Yoerli Viloria, recordó Joaquín Aguilar, diputado de Un Nuevo Tiempo (UNT) por Trujillo, denunciaron que Pérez tenía el modus operandi de amenazar a empresarios con meterlos en la lista de sancionados de Estados Unidos para que le pagarán extorsiones de hasta 10 millones de dólares. Se referían específicamente a una denuncia contra Seguros Universitas, empresa señalada por el parlamentario de presuntos hechos de corrupción en una estafa de jubilados de varias universidades venezolanas.

En octubre de 2018, Conrado Pérez anunciaba que indagaría sobre la «posible compra fraudulenta de la aseguradora y la posible estafa al fondo de jubilados y pensionados de la Universidad de Oriente, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Universidad Central de Venezuela y Universidad Lisandro Alvarado», reseñó TalCual. Luego, según Araujo y Viloria, el diputado firmó en mayo de 2019 una carta que exonera a la empresa de los cargos anunciados.

Un día antes de que el portal venezolano Armando.info publicara el trabajo que lo involucra en una trama por la que Carlos Licano y Salva Foods habrían obtenido indulgencias dentro de la Asamblea Nacional, Conrado Pérez publicó un comunicado en el que aseguró que la lucha contra la corrupción «es frontal y sin cortapisas». Explicó que en la investigación que realizó la Comisión de Contraloría no se pudo determinar que Álex Saab es accionista, socio o directivo de las empresas encargadas de la comercialización de las cajas CLAP en Venezuela.

Pérez también se defendió de las declaraciones del expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez quien días atrás había denunciado que desde la Comisión de Contraloría se le había pedido a la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, dejar de investigar al empresario colombiano. La misiva contiene la firma del parlamentario. “Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional absuelve a Alex Saab. Una prueba más de cómo la oposición burrundanga negocia y favorece a Maduro», publicó Ramírez en su Twitter. Ortega Díaz negó haber recibido dicha comunicación.

Por su parte, Pérez indicó que el expresidente de Pdvsa pretendía «linchar moralmente» a los integrantes de la comisión. «Quiero denunciar ante la opinión pública del país y particularmente del estado Trujillo, que en contra de esta instancia parlamentaria se ha desatado una campaña de descrédito interesada a nivel nacional e internacional para tratar de destruir, mal informar y vilipendiar, al único poder legítimo y democrático en Venezuela reconocido por el mundo entero», refiere el comunicado.

En el documento publicado el sábado 30 de noviembre en la noche, Pérez insistió en que «no nos van a amilanar (…) Quiero expresar en forma clara y contundente, mi disposición de someterme a cualquier averiguación de cualquier índole con el propósito de salvaguardar mi honestidad, mi transparencia y moral en el ejercicio de la función parlamentaria».

Sus defensas no le sirvieron de mucho luego de que la investigación del periodista Roberto Deniz viera la luz el domingo en la madrugada. A Conrado Pérez lo relacionan con el grupo que, desde comienzos de 2018, han otorgado indulgencias a los responsables de los negocios de los CLAP. La firma del diputado aparece en la misiva de buena conducta que los parlamentarios José Brito y Adolfo Superlano entregaron en Colombia para exculpar a Carlos Lizcano.

La comunicación afirma que fue aprobada en sesión ordinaria de la Comisión de Contraloría el 18 de septiembre de este año, en respuesta a una petición realizada por el propio Lizcano, según explica el reportaje. “En la propia comisión no hay registros de esa sesión”, apunta el texto.

La investigación también indica que Conrado Pérez viajó en abril de 2019 a Europa, traslados que no fueron públicos. Primero a Madrid, luego Bulgaria, Portugal y Liechtenstein para “posiblemente entregar oficios anunciando el cierre de la investigación contra el entramado de Álex Saab”. Asimismo, menciona que los diputados implicados “estuvieron el 10 de mayo en Roma y el 14 de mayo en Madrid para pedir a autoridades de ambos países que investiguen a Rafael Ramírez”, viajes que fueron conocidos públicamente y que despertaron sospechas sobre sus actuaciones. El mismo expresidente de Pdvsa declaró que el viaje había sido pagado por Álex Saab.

@ArmandoInfo
La semana pasada circularon en forma anónima cartas de la Comisión de Contraloría en favor de Alex Saab y sus negocios. Estos documentos no están registrados en el expediente del caso, pero así fue como el empresario consiguió favores de varios diputados http://bit.ly/AiDiputados

22:00 - 1 dic. 2019

Tras las acusaciones, Conrado Pérez fue removido de la fracción opositora Primero Justicia y de su cargo en la comisión del Parlamento.

El diputado dio una rueda de prensa el martes 3 de diciembre para defenderse. Afirmó que no ha entregado carta de buena conducta a ninguno de los empresarios señalados en el reportaje de investigación. Pero no aclaró si el documento que publicó Armando.info para sustentar sus afirmaciones es auténtico o no, si su firma allí es real o forjada.

“Ni conozco a Alex Saab ni a ninguna de esas personas. La única vinculación fue cuando nosotros lo citamos a la Comisión”, reunión a la que asistieron sus abogados. Pérez dijo que las acusaciones contra los diputados opositores hace un “daño moral y político muy grande. Están haciendo esto porque para nadie es un secreto que nosotros hemos sido contundentes contra la corrupción”.

Insistió, no obstante, en que el cuerpo legislativo no pudo determinar que Álex Saab tiene relación con la empresa Salva Foods 2015. «Aquí tenemos el registro de comercio y las actas constitutivas de esas empresas señaladas hoy que no tienen vínculo ninguno con Álex Saab».

José Brito
Administrador de empresas egresado de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (Unesr). Diputado principal de la Asamblea Nacional por el estado Anzoátegui, electo en los comicios parlamentarios del 6 de diciembre de 2015 por el partido Primero Justicia y con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para el período 2016-2021.

Antes, entre 2005 y 2008, fue concejal del municipio El Tigre, en Anzoátegui, y en 2013 se lanzó como candidato para la alcaldía del municipio Simón Rodríguez, pero perdió las elecciones contra Jesús Figuera. Como diputado del Parlamento, ha formado parte de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo y fue vicepresidente de la Comisión Permanente de Política Exterior.

Junto a otros seis diputados, visitó la Fiscalía General del Estado en España en mayo de 2019 para denunciar a Rafael Ramírez, Raúl Gorrín, Claudia Díaz, Gustavo Perdomo y Alejandro Betancourt por “blanqueo milmillonario”, obteniendo capitales por medio de delitos de corrupción. Los acusaron de delincuentes y de robarse “el dinero de los venezolanos”.

El nombre de José Brito fue mencionado en la investigación periodística de Armando.info, que lo implica en una trama de corrupción en la que varios parlamentarios opositores se prestaron para otorgar indulgencias a los implicados en los negocios de los CLAP. En el reportaje se explica que Brito, acompañado por Adolfo Superlano, acudió a la sede de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, Colombia, el pasado 9 de octubre para hacer entrega de una carta que exime a Carlos Lizcano y a Salva Foods (compañía que maneja Tiendas CLAP) de cualquier irregularidad o relación con Alex Saab.

"Nos permitimos oficializarle que luego de la verificación en los archivos correspondientes (…) se concluye que para la fecha motivo del análisis no existe ninguna acción incoada en contra del precipitado», reza la carta con fecha de 20 septiembre de 2019 y firmada por casi todos los diputados señalados en la investigación. El reportaje hace notar que a pesar de que el documento afirma contener una «certificación» de la Comisión de Contraloría, por aprobación de esa instancia en “sesión ordinaria” del 18 de septiembre, y en respuesta a una petición de Lizcano hecha el 25 de julio; pero en la propia comisión de la AN no hay registros de esa sesión: las dos últimas ocurrieron el 14 de agosto y el 20 de noviembre.

Hecho público el escándalo, Primero Justicia, el partido de Brito, removió de sus responsabilidades al diputado, lo separó de su militancia y anunció un juicio interno y en tribunales internacionales contra los implicados de la tolda amarilla. Por su parte, Juan Guaidó anunció la intervención y reestructuración de la Comisión de Contraloría, la suspensión de los parlamentarios, la invalidez de los documentos que salieran de esa instancia y el inicio de una investigación independiente contra los implicados.

Tras las acusaciones, Brito ofreció el lunes 2 de diciembre una rueda de prensa en la que tildó a Guaidó de “estafador” y corrupto. Prendió el ventilador, tanto que incluso ha acusado a Juan Guaidó de tener un testaferro.

El diputado no desestimó la autenticidad de la carta que exonera a Lizcano de malas juntas. De hecho, ha dicho que «no puede haber cartas buenas y cartas malas», en referencia a documentos firmados por Freddy Guevara y Juan Guaidó, cuando presidieron Contraloría en 2017 y 2018, y emitieron certificaciones a favor del empresario Mauro Libi.

TVVenezuela Noticias

@TVVnoticias
Dip. José Brito (@JoseBritoR): "Freddy Superlano o es un gran irresponsable o es que la burundanga lo dejó amnésico. Aquí hay que ser serios, sobre todo con temas delicados". Más #TVVNoticias por: https://bit.ly/37XzkrR

14:21 - 2 dic. 2019

Brito afirmó no conocer a Álex Saab, o a Carlos Lizcano y dijo no contar con “elementos de convicción para acusar a Raúl Gorrín”, a pesar de que se retrató en Madrid con una pancarta que muestra al dueño de Globovisión señalado como “delincuente” y de robarse “los dólares de los venezolanos”.

Explicó que su viaje a Colombia, aquel reflejado en las fotografías del reportaje de Armando.info donde se le ve entrando a la Fiscalía junto a Superlano, fue para solicitar una auditoría para el caso de la empresa Monómeros Colombo-Venezolanos. “Yo fui para Colombia, salen unas fotos por allí y seguiré yendo porque vamos a verle el hueso al caso Monómeros”. Su versión contradice la de su compañero, que afirmó fue a solicitar información sobre el exministro Carlos Rotondaro.

Asimismo, explicó que le preguntó al diputado Conrado Pérez sobre su firma en las comunicaciones emitidas para conocer la situación de una investigación y respondió que sí. “Me dijo que ese es un procedimiento para responder sobre el status de la investigación y eso es lo que se dio. Eso reposa en los archivos de la Comisión”.

@ArmandoInfo
El 9 de octubre Adolfo Superlano y José Brito entregaron una carta en la Fiscalía de Colombia en defensa de Carlos Lizcano, ligado a los negocios de Alex Saab. Fue firmada por Conrado Pérez, R. Arteaga, G. Luces, C. Bucaram, H. Vargas y W. Barrientos http://cutt.ly/Je217HO

18:00 - 1 dic. 2019

En su declaración afirmó que hay una «rebelión» dentro de la Asamblea Nacional contra el «presidente encargado» y señaló que no votaría por el de Voluntad Popular para reelegirlo en la presidencia del Legislativo. “Yo me abstengo porque misma fórmula, mismo resultado”.

Adolfo Superlano
La vida política de Adolfo Superlano inició desde su juventud en la izquierda venezolana, tiempo en el que militó en las filas del MAS como dirigente estudiantil en Barinas, su cuna. Fue presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad del Zulia. Entre 1996 y 2000 fue alcalde del municipio Bolívar, en su entidad natal.

En el año 2013, Superlano se postuló como candidato a la alcaldía del municipio Bolívar nuevamente, pero esta vez perdió contra Luis Henriquez, quien obtuvo el 54.77% de los votos. Más tarde, en 2015, fue electo diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática en el circuito 1 del estado Barinas para el periodo 2016-2021;

Superlano militó en el partido Un Nuevo Tiempo /UNT) hasta el 11 de abril de 2018, fecha en la que el activista Leocenis García anunció su adhesión a Prociudadanos, una plataforma naciente. Luego abandonó esa formación y se sumó en 2019 a Cambiemos, la tolda que inició Timoteo Zambrano al abandonar las filas de la oposición tradicional venezolana.

Siendo militante de Cambiemos, y según la investigación periodística de Armando.info, Superlano -en compañía de José Brito- acudió a “a la sede de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, Colombia, para hacer entrega de una carta que exime al propio Carlos Lizcano y a Salva Foods de cualquier irregularidad o relación alguna con Alex Saab”. Ocurrió el 9 de octubre de 2019.

El 11 de noviembre fue expulsado de la tolda que participa de la Mesa de Diálogo Nacional —conocida como «la mesita» de Casa Amarilla, según Eduardo Semtei—. El comunicado del partido alega razones éticas, pero no especifica. Entonces, y junto a otros diputados despedidos de Cambiemos, anunció una nueva fracción parlamentaria y su intención de continuar participando de la instancia de encuentro con el Gobierno nacional.

El 3 de diciembre, Superlano alegó a las afueras del hemiciclo parlamentario que su firma en la carta llevada a Bogotá es “falsa porque ese documento que se entregó allá es chimbo”. Aseguró que ese papel nunca fue entregado, y asomó la posibilidad de que alguien lo armó y plagió las firmas. Entretanto, aseveró que estaría dispuesto a que “se abra una investigación profunda”, pero que no cederá su cargo.

Afirmó que su viaje a la Fiscalía de Colombia en Bogotá fue para solicitar información sobre denuncias de corrupción del exministro Carlos Rotondaro. La razón contrasta y contradice la dicha por José Brito, con quien fue fotografiado a las puertas de la instancia colombiana, quien afirmó que la diligencia tenía que ver con presunta corrupción en la empresa Monómeros.


VIVOplay

@vivoplaynet
#3Dic Dip. @adolfosuperlano: Esa firma es falsa porque ese documento que se entregó allá es chimbo. Yo estoy dispuesto a que se abra una investigación profunda. Sigan nuestra transmisión #EnVIVO por #VIVOplay: http://goo.gl/kQzJBx

11:26 - 3 dic. 2019

“Estoy aquí dando la cara por estas acusaciones que considero una puñalada trapera y cobarde. Todos los funcionarios públicos estamos a disposición, a ser investigados sobre todo cuando las acusaciones son serias. Tenemos derecho a la defensa. Hay unas declaraciones muy ligeras en torno a esto. Un portal nos acusa a nosotros de estar involucrado en un acto de corrupción donde no aparece un bolívar, donde no aparece un peso, pero se ha transformado en una noticia”, indicó en su defensa Superlano.

Richard Arteaga
Richard Eloy Arteaga Blakma nació el 27 de junio de 1974 en Barcelona, estado Anzoátegui, y egresó de la Universidad Santa María como abogado especialista en Derecho Laboral. Sus primeros pasos en la política los dio de la mano de Primero Justicia, partido con el que asumió las elecciones en 2011 para optar por un curul en la Asamblea Nacional. Durante su gestión, integró la Comisión Permanente de Contraloría y la sub comisión Nº 3 dedicada al control del gasto público e inversiones del Ejecutivo Municipal.

En 2015 fue reelecto para el periodo 2016-2021 de la Asamblea Nacional. Su candidatura estuvo adscrita al circuito 3 —Bolívar, Píritu y Peñalver—del estado Anzoátegui, y obtuvo por la vía nominal 137 mil 65 votos, según el segundo boletín del Consejo Nacional Electoral (CNE). Tras la reelección, mantuvo su puesto dentro de la Comisión Permanente de Contraloría.

Luego de las protestas de 2017 y el “triunfo” de las elecciones de la Asamblea Constituyente, Arteaga aseguró que el país está “ante un escenario de nuevos retos hacía la conquista de la Venezuela de cambio y progreso”. En octubre de 2018, Richard Arteaga abandonó su militancia en Primero Justicia y se unió a las filas de Voluntad Popular. Fue recibido en el acto de juramentación por el propio Juan Guaidó.

Tras conocerse la investigación de Armando.info y su presunto vínculo con Carlos Lizcano, Arteaga apoyó la solicitud del presidente de la Comisión, Freddy Superlano, e instó que “todos los miembros de la Comisión de Contraloría #AN nos separemos hasta llegar al fondo y cualquier otra que tome mi presidente Juan Guidó. Mi lucha de 9 años como Diputado está a los ojos de todos. Pido que esto no empañe el trabajo contra los grandes saqueadores del país”, segun escribió en su cuenta de Twitter.

Se ha mantenido de bajo perfil en las redes y no ha dado declaraciones ni ruedas de prensa a propósito del caso por el cual fue separado de sus funciones como integrante de la Comusión de Contraloría del parlamento, para ser investigado tanto por el Legislativo como por su propio partido, Voluntad Popular, que ha afirmado existe una «Operación Alacrán» para comprar voluntades de opositores dentro del hemiciclo.

Richard Arteaga
@RichardArteaga
Apoyo que todos los miembros de la Comisión de Contraloría #AN nos separemos hasta llegar al fondo y cualquier otra que tome mi Pdte @jguaido. Mi lucha de 9años como Diputado está a los ojos de todos. Pido que esto no empañe el trabajo contra los grandes saqueadores del país.

14:21 - 1 dic. 2019

Abogado egresado de la Universidad Santa María, profesión que ejerce de forma independiente, es diputado de la Asamblea Nacional desde 2015 cuando fue electo por la tarjeta de la MUD para el período 2016-2021. Fue candidato por el circuito 2 del estado Anzoátegui, entidad en la que encabezó la estructura del partido Un Nuevo Tiempo, hasta abril de 2018.

En el parlamento integró la Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario en 2016, la del Poder Popular y Medios de Comunicación en 2017 y en 2018, hasta su reciente destitución, formó parte de la Comisión Permanente de Contraloría.

Un día antes de la publicación del reportaje de investigación de Armando.info, publicó en su cuenta de Twitter que como miembro de la comisión parlamentaria rechazaba «todo acto de corrupción. «Es por eso que estoy dispuesto a ser sometido a las investigaciones necesarias para esclarecer tan penoso hecho en el cual se me ha involucrado».

Puso su cargo a la orden del Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y exigió que se abrieran las investigaciones para «aclarar todo el malentendido desatado por Raúl Gorrín, Rafael Ramírez y #ArmandoInfo», esribió en la red social aún cuando el trabajo periodístico no había sido publicado. Señaló que existe una campaña de desprestigio contra los miembros de la instancia parlamentaria.

La investigación de Armando.info lo vincula con el grupo de diputados opositores que buscaron la absolución y la paralización de investigaciones contra empresarios relacionados con los negocios ilícitos de los CLAP. La carta en defensa de Carlos Lizcano y Salva Foods, entregada por Brito y Superlano en Colombia en octubre de 2019, también tiene la firma de Chaim Bucarán.

El diputado estuvo junto al resto de aquellos parlamentarios que viajaron hasta Roma y Madrid, en el primer semestre del año, que pedían investigaciones contra el expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez. Desde Italia y con supuestas pruebas en mano, Chaim Bucarán manifestó que el exministro dirigió una extensa red de estafas durante su gestión como presidente de Pdvsa.

Diputados opositores viajaron hasta Europa para denunciar al expresidente de Pdvsa Rafael Ramírez por corrupción

“Ramírez incurrió en cientos de actuaciones ilícitas que le permitieron llevar una vida llena de lujos mientras en Venezuela muchos mueren a causa de la crisis humanitaria desatada desde Miraflores, por lo que también iremos a otros países europeos para solicitar el congelamiento de sus cuentas bancarias además de otras medidas que garanticen la devolución de ese capital y permitan encarcelar a semejante hampón de cuello blanco”, dijo entonces.

Tras las acusaciones de corrupción, el partido Un Nuevo Tiempo separó de su cargo a Chaim Bucarán.

El diputado Chaim Bucarán asistió este 4 de diciembre al programa “Vladimir a la 1” de Globovisión para dar declaraciones, a pesar de haber denunciado que funcionarios del Sebin se encontraban frente a la puerta de su casa en horas de la mañana. “Imagino que tratando de seguir metiendo miedo. Aquí estamos dando la cara a Venezuela y tratando de esclarecer la verdad de los hechos donde han pretendido involucrarnos”. Aseguró no tener “nada que ver” con las acusaciones en su contra y que no tenía ningún inconveniente en decir que el canal de televisión que estaba visitando había sido comprado con dinero proveniente de la corrupción. «Lo digo responsablemente porque tengo pruebas», que no mostró a las pantallas.

Se defendió de las acusaciones diciendo que el viaje que hicieron los diputados a Europa «no fue para lavarle la cara al señor Saab u otros empresarios, desmiento eso». Explicó que el mismo fue para consignar elementos que muestran la corrupción de Raúl Gorrín y Rafael Ramírez. “La denuncia que se hizo ante la Asamblea Nacional de Bulgaria, que la voy a estar consignando el próximo martes en la Comisión, era para que se empezaran a investigar los hechos. Si este señor (el periodista Roberto Deniz a cargo del reportaje) tiene otras pruebas, que las presente”.

Sin importar cuántas veces el periodista Vladimir Villegas le preguntara sobre la identidad de los responsables de financiar dicho viaje, Bucarán se negó a dar sus nombres. “¿Raúl Gorrín quiere saber quién es el empresario que nos ayudó a hacer las denuncias? Yo voy a proteger la fuente de la persona o los amigos que nos ayudaron en esto. Si esos nombres llegan a salir a la luz pública, los van a perseguir”.

Además, Bucarán mencionó que la investigación del portal web de investigación fue para “enlodar el nombre de la Asamblea Nacional, es un plan que se está haciendo en contra de Juan Guaidó (…) Esto no es más que una olla podrida para tratar de perjudicar a la oposición y ponernos a pelear». Acusó al medio de comunicación Armando.info de trabajar con Raúl Gorrín. “Tenemos algunas denuncias, pruebas que las vamos a consignar pronto”. No precisó cuándo.

Dijo que seguirá entregado “en cuerpo y alma” a seguir denunciando casos de corrupción. “Si la comisión que nombró la Asamblea Nacional integrada por cuatro diputados dice que hay elementos y que soy responsable, renuncio a mi cargo como diputado y me someto a la justicia. Yo lo hago responsablemente porque no tengo nada que temer”. Si el partido Un Nuevo Tiempo decide reelegir a Juan Guaidó como presidente del Parlamento el próximo 5 de enero de 2020, Bucarán dijo que él seguirá la línea de su partido.

Guillermo Luces
Diputado suplente de la Asamblea Nacional por el estado Aragua, miembro de la Comisión Permanente de Contraloría, es militante del partido Voluntad Popular. Su firma está estampada en el documento que Armando.info califica como «carta de buena conducta» emitida a favor del empresario Carlos Lizcano, propietario de Salva Foods y relacionado de Álex Saab, que fue presentada en Colombia en octubre de este año, según el reportaje.

El diputado negó los señalamientos en su contra, tildándolos de una falsificación. «Rechazo categóricamente el burdo montaje de mi firma en carta de exoneración de Comisión de Contraloría de la AN. Y apoyo de manera irrestricta la cruzada anticorrupción de nuestro presidente Juan Guaidó”, escribió en Twitter.

A pesar de su declaración, fue removido por el partido Voluntad Popular del cargo que tenía en la Asamblea Nacional, y fue anunciada una averiguación para dar a fondo con las razones de su participación en la trama. Su partido político ha denunciado que en el parlamento se desarrolla una «Operación Alacrán» con el que dineros relacionados al gobierno de Nicolás Maduro buscan comprar a opositores para evitar la reelección de Juan Guaidó en la presidencia del Legislativo el 5 de enero de 2020.

Héctor Vargas
Diputado suplente de la Asamblea Nacional Electoral por el estado Zulia, electo en diciembre de 2015. Cuando fue electo, formaba parte del partido Avanzada Progresista, aunque resultó con una curul gracias a la tarjeta de la Unidad.

En 2019, renunció al partido fundado por Henri Falcón y se inscribió en Un Nuevo Tiempo, aunque su cuenta en Twitter lo sigue identificando como Coordinador Regional de AP en Zulia. «Se fue hace rato sin dar explicacion, pero ya con las noticias del entramado de corrupción del G4 comprendemos la razones de su ida a UNT», disparó en la red social Juan Carlos Gómez, secretario de organización de Avanzada en el estado Falcón.

Vargas es miembro de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional y es uno de los nueve parlamentarios presuntamente vinculados a Alex Saab y Carlos Lizcano, según la investigación del portal Armando.info. Su firma está en la carta que habría sido llevada a la Fiscalía colombiana.

“No tengo nada que ver con esto, mi firma ha sido forjada en tal documento, por lo tanto, le exijo a la Asamblea Nacional y coo lo pidió nuestro presidente Juan Guaidó que sea investigado hasta las últimas consecuencias”, publicó el parlamentario en su cuenta de Twitter.

El 3 de diciembre, a las afueras del Legislativo, el diputado mostro ua fotocopia amplificada de su cédula de identidad y del presunto documento presentado en la Fiscalía de Colombia en Bogotá, para dar cuenta de diferencias entre ambas firmas. “Aclaro que no he firmado ningún documento y tampoco he viajado ni a Bogotá, París y Roma”, afirmó.

VIVOplay

@vivoplaynet
#3Dic Dip. @HectorVUnidad: Estoy de acuerdo con lo que ha señalado el presidente @Jguaido de una investigación profunda en relación a esta materia. He señalado que mi firma ha sido forjada porque esta no es mi firma. #NoticiasEnVIVO por #VIVOplay: http://goo.gl/kQzJBx

10:12 - 3 dic. 2019

En entrevista para el portal Caraota Digital, el parlamentario reafirmó que su firma fue forjada, que no ha “viajado a Bogotá, tengo más de 20 años que no viajo a la hermana República de Colombia, no he viajado a Roma, no he viajado a París (…). Como pueden ver aquí está la firma de mi cédula e igualmente la firma que prácticamente fue forjada”, declaró señalando dos gigantografías del documento de Armando.info y su cédula.

William Barrientos
Oriundo del estado Zulia, William Barrientos es médico cirujano egresado de la Universidad del Zulia (LUZ). Sus inicios en la política regional y nacional estuvieron acompañados por el MAS, partido con el que presidió la Federación de Centros Universitarios de LUZ. Eso fue hace décadas.

En el año 2000 se unió al equipo del entonces joven partido político regional Un Nuevo Tiempo, que fundó quien encabezaba la Alcaldía de Maracaibo, Manuel Rosales. Barrientos también ocupó la dirección del Hospital Binacional de Paragoaipoa del Zulia, del Hospital General del Sur del Zulia y del Hospital del Moján del Zulia.

Hasta 2011, Barrientos fue diputado regional del Consejo Legislativo de Zulia, donde llegó a ocupar la vicepresidencia y la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, durante tres períodos consecutivos. Desde 2011 hasta 2015 fue diputado a la Asamblea Nacional por el estado Zulia, y ese año fue reelecto con la tarjeta de la Unidad para el periodo 2016-2021.

Formó parte de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral y desde febrero de 2019 se incorporó a la Comisión de Contraloría, “porque faltaba un miembro y debuté con la denuncia del saqueo de más de dos mil millones de dólares del señor (Álex) Saab, empresario colombiano que lavaba el dinero en el Banco Central de Venezuela con dólares preferenciales”.

Su nombre sale mencionado en la investigación de Armando.info sobre un grupo de diputados que participaron de una operación para «llavarle la cara» a Carlos Lizcano, un empresario relacionado con Álex Saab. El reportaje usa como elemento una carta firmada por varios diputados de la Comisión de Contraloría, y llevada a la Fiscalía colombiana por José Brito y Adolfo Superlano, y que incluye el nombre del zuliano -mal escrito-.

«Yo no he firmado ni firmaré ninguna carta de corrupto, bajo ninguna circunstancia, primero me suicido», abrió fuegos Barrientos mostrando una gigantografía de una de las cartas publicadas por Armando.info. Esa no contiene su rúbrica, pero se trata de un borrador. El reportaje incluye el documento definitivo, con el sello de certificación de haber sido recibido en la Fiscalía colombiana, y allí sí que aparece una firma atribuida a Barrientos -cuyo apellido aparece sin la letra S al final.

A la izquierda, un borrador de la carta llevada a Colombia, sin firma de William Barrientos. A la derecha, el documento definitivo certificado por la Fiscalía en Bogotá que incluye una rúbrica atribuida al diputado de UNT | Cortesía: Armando.info

Barrientos mostró su pasaporte mientras señalaba que el mismo no poseía sellos de entrada y salida a Colombia, México ni Italia. Además, expuso el documento difundido en la investigación periodística donde indica que su firma no está presente. “No aparece mi firma, aquí está el documento completo, lo hice en gigantografía, pero también en la carta original para entregarla a ustedes los periodistas. Como ven yo no aparezco aquí, no tengo nada que ver, no le firmo a corruptos ni firmaré”, aseveró.

Barrientos señaló que su ingreso a la comisión fue en el primer trimestre del año y que las cartas que difundió Armando.info son de 2018. “Aquí está firmada por un diputado que tendrá que aclarar, y aquí está la resolución de la Comisión Especial de Investigación, y aquí están otros dos firmantes (Conrado Pérez y Richard Arteaga). Ahí no está la firma de William Barrientos y nunca estará (…) Y aquí está una carta dirigida a la Fiscal legítima Luisa Ortega Díaz que no sé si le llegó o no (…) Aquí no aparece (la firma de) William Barrientos tampoco”.

Explicó que hay un primer documento notariado en la alcaldía de Chacao firmado por el vicepresidente y presidente de la Comisión de Contraloría en el año 2018, que absuelve a Carlos Lizcano de los cargos presentados sobre corrupción. Igualmente, informa que hay un segundo documento donde se le solicita a los bancos que se les devuelva el dinero retenido a los implicados en la investigación de Salva Foods, “porque la investigación está cerrada, no hay prueba contra ellos”; documento en el que tampoco está su firma, pero sí las de los diputados Freddy Superlano y Conrado Pérez, presidente y vicepresidente de la instancia parlamentaria.

“Estos documentos los consigno para aclarar la situación. Me pidieron mi firma fue en la segunda etapa y yo dije ‘no voy a firmar’”. Ante las preguntas de la prensa sobre quiénes fueron los que le insistieron, el parlamentario declaró que no puede acusar “a sus compañeros si ellos no se defienden. Yo no puedo ser el tribunal inquisidor”. No obstante, indicó que para el momento el diputado Freddy Superlano, presidente de la Comisión, había abandonado el país porque le allanarían la inmunidad parlamentaria, y señaló a Conrado Pérez como quien había quedado al frente de la instancia.

El zuliano negó que en el seno de la Comisión de Contraloría se aprobara que los diputados José Brito y Adolfo Superlano acudieran a Bogotá para presentar documentos ante la Fiscalía de Colombia, ni que se hiciera lo propio con el viaje a Europa de los parlamentarios que «aparecen con una pancarta en Roma. Nos enteramos por un video».

José Luis Pirela
Es columnista del diario El Regional del Zulia fue dirigente político del partido Movimiento Progresista de Venezuela. En 2004, Pirela solicitó ante instancias judiciales una investigación contra Manuel Rosales, fundador de Un Nuevo Tiempo, por presunta corrupción que terminó siendo la razón para inhabilitar al exgobernador del Zulia durante varios años. Luego, Pirela desestimó sus propias acusaciones.

En el año 2015, el zuliano obtuvo una curul como diputado principal de la Asamblea Nacional por la circunscripción 9 del estado Zulia para el periodo 2016-2021. Integró en 2016 y 2017 la Comisión Permanente de Política Interior, y desde entonces integra la Subcomisión Antidrogas, Antiterrorismo y Delincuencia Organizada del parlamento.

En 2019, Pirela es integrante de la Fracción 16 de Julio, disidente de la oposición mayoritaria y cercana al partido Vente Venezuela de María Corina Machado.

Su nombre aparece en el trabajo que habla sobre una trama para «lavarle la cara» a personas relacionadas con Álex Saab, aunque especifica que no estaría incurso ni en los documentos comprometedores ni en los viajes a Colombia. Sí participó de un periplo a Europa para denunciar a Rafael Ramírez ante instancias penales de Roma y Madrid, junto a otros diputados señalados del acercamiento con Saab.

Tras la difusión de la investigación del periodista Roberto Deniz, Pirela ha expresado en sus redes sociales que no ha participado ni firmado ningún documento que tenga que ver con Alex Saab, Álvaro Pulido, Carlos Lizcano o el CLAP pues no forma parte de la Comisión de Contraloría; no obstante, reconoce que sí participó en la denuncia contra “Rafael Ramírez, zar petrolero que arruinó a Pdvsa y la denuncia contra Alejandro Betancourt y el grupo Derwick por el desastre que hicieron al sistema eléctrico nacional. A ambos los denunciamos en las instancias judiciales de España e Italia, y desde allá informamos al mundo y al país lo que estábamos haciendo, no hubo secretos no hubo acertijos y estamos prestos a cualquier investigación. No me van a intimidar con guerra sucia, con una campaña de pase de factura”.

Pirela se defendió ratificando que no forma parte de la Comisión de Contraloría, que su viaje a Roma fue para acompañar la denuncia contra Rafael Ramírez y contra el caso Derwick, y que Raúl Gorrín no pagó el pasaje aéreo. “No acepto que se mezcle mi nombre en un tema en el que no tengo nada que ver. No he hecho nada distinto con los miembros de esa comisión de contraloría”, dijo a Armando.info.

A la prensa ha anunciado que no ha sido miembro “de esa Comisión (de Contraloría), no participé en el debate sobre el tema de los CLAP, no firmé el informe y no voté por eso porque yo no tengo derecho a votar en la Comisión de Contraloría”.

VIVOplay

@vivoplaynet
#3Dic Dip. @joseluispirelar: En España yo atendí dos cosas, entre esas, la denuncia con respecto a la gestión de Rafael Ramírez, el “zar” petrolero que destrozó a Pdvsa, que hizo un conjunto de confiscaciones inconstitucionales que deterioraron. #EnVIVO: http://goo.gl/kQzJBx

11:00 - 3 dic. 2019

Ante la pregunta sobre quién había respaldado su viaje, aseveró que fue un empresario «y no es ninguno de los que aparecen mencionados», al tiempo que negó tener vínculos con el empresario Alex Saab. Al respecto, hizo un llamado para que se le investigue ante una comisión. «No queremos una distorsión de la realidad. Que un escándalo tape a otro».

“En España yo atendí dos cosas, la denuncia con respecto a la gestión de Rafael Ramírez, el ‘zar’ petrolero que destrozó a Pdvsa, que hizo un conjunto de confiscaciones inconstitucionales que deterioraron la industria petrolera y que hoy se ve impactada en una industria que producía tres millones de barriles y que hoy apenas está en los quinientos. Denunciamos a los bolichicos, a Alejandro Betancourt López que recibieron contrataciones del sector eléctrico y no las ejecutaron, se robaron los reales. Nosotros sabemos cómo actúa el poder de la corrupción, pasando factura. Yo estoy dispuesto a someterme a cualquier investigación, el que no la debe no la teme. La mentira tiene piernas cortas. Agradezco a la fracción parlamentaria su solidaridad y confianza”, manifestó.

Freddy Superlano
El barinés Freddy Superlano Salinas nació el 25 de junio de 1976 en la capital de ese estado llanero. Su vínculo con la política comenzó desde muy joven, pues sus padres fueron activistas del partido Acción Democrática, tolda en la que dio los primeros pasos él también como secretario juvenil. En aquellos días, también dedicaba su tiempo a los estudios superiores y se graduó como Ingeniero en Sistemas y licenciado en Educación, mención Geografía e Historia.

En 2004, con 28 años, se separó de la política, pero la ausencia duró poco. Tres años después, Superlano se unió a la asociación civil Redes Ciudadanas, donde conoció a Leopoldo López y, tras conseguir afinidad en la política, se unió a las filas de Voluntad Popular cuando el partido nació en 2009; desde entonces se desempeñó como coordinador regional del partido VP en el estado Barinas.

En 2015 Superlano fue electo diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela para el periodo 2016-2021. Durante el primer año de gestión, el parlamentario integró en la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, y en 2017 la Comisión Permanente Cultura y Recreación.

En 2018, fue elegido en plenaria como presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, cargo al que renunció finalmente en el 30 de noviembre de 2019 en medio de acusaciones de irregularidades en el «caso Cúcuta» con dineros de la ayuda humanitaria, y justo antes de que se publicara un reportaje de Armando.info en el que se devela que integrantes de esa instancia generaron documentos en favor de Carlos Lizano, propietario de Salva Foods 2015 y relacionado con los empresarios consentidos del chavismo Álex Saab y Alvaro Pulido. Su firma no está incluida en los papeles presentados como prueba.

Superlano se postuló en 2017 a las elecciones regionales como candidato a la gobernación de Barinas, carrera en la que obtuvo 153.719 votos (44.14%) y fue derrotado por Argenis Chávez -el hermano de Hugo- que logró 184.961 votos (53.11%). Ese mismo año, durante las protestas en contra de Nicolás Maduro, el diputado denunció recibir amenazas por parte del oficialismo por liderar manifestaciones opositoras.

El 24 de noviembre, el expresidente de Pdvsa y exministro de Petróleo Rafael Ramírez -quien ha sido investigado por corrupción en la Asamblea Nacional- denunció, a través de su red social Twitter, que la Comisión Permanente de Contraloría del Legislativo estaría involucrada en un entramado de corrupción vinculado a Alex Nain Saab Moran. La denuncia estaba acompañada de un documento con fecha del 1 de agosto de 2018, donde la Comisión informaba a la Fiscal General de la República en el exilio, Luisa Ortega Díaz, que el acusado no estaba vinculado a Asasi Food FZE y Group Grand Limited, ni que era testaferro del mandatario Nicolás Maduro.

Ante las acusaciones, Superlano respondió que “esos documentos señalados son falsos, y tanto usted (Rafael Ramírez) como cualquier ciudadano lo puede corroborar en los libros de actas y archivos de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional”. Asimismo, expuso que sometería su “firma a verificación para constatar la falsedad del documento publicado y muestro mi pasaporte para verificar que no he estado en Europa. Lo reto usted a decir donde vive, mostrar sus cuentas bancarias y responder las acusaciones que jamás respondió”.

Freddy Superlano
@freddysuperlano
Venezuela es mi prioridad: Ayer solicité iniciar una investigación a la Comisión de Contraloría para responder a los diferentes señalamientos. Por no poder ejercer a cabalidad la responsabilidad ante mi exilio, tome la decision de separarme del cargo de Pdte. de dicha comisión.

21:30 - 30 nov. 2019

Superlano solicitó al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que se iniciara una “investigación con diputados, periodistas y sociedad civil”. “Venezuela necesita transparencia y soy el principal interesado en que haya apertura total en la investigación. Si hay irregularidades, que se expongan a los señalados y asuman su responsabilidad. Si no existen, que se despeje cualquier duda”, instó y manifestó que tomó “la decisión de separarme del cargo” de presidente de Comisión de Contraloría por no poder ejercer “a cabalidad la responsabilidad ante mi exilio”. El diputado está fuera del país desde mayo de 2019, luego de denunciar persecución por parte del TSJ a partir de los sucesoos del 30 de abril.

El diputado reiteró su solicitud de iniciar una investigación a la Comisión de Contraloría e invitó a los compañeros implicados en el reportaje del portal periodístico de Armando.info a separarse “de su cargo para colaborar en los procesos de investigación que sean necesarios en busca de la transparencia”. “Me someteré a cualquier investigación necesaria para retribuir la confianza que cada venezolano ha depositado en este parlamento”, aseguró.

A todas estas… ¿hay vínculo entre Álex Saab, Carlos Lizcano y Salva Foods?
En el ojo del huracán político en Venezuela está Álex Saab, señalado como uno de los empresarios chavistas interesados en “comprar” voluntades en la oposición, y la empresa Salva Foods 2015, propiedad de Carlos Lizcano, según documentos legales.

Salva Foods 2015 es la dueña de las Tiendas CLAP, un negocio de supermercados que heredó toda una red pública de locales del Estado que se llamaron Abastos Bicentenario para operar. La compañía se creó apenas meses antes de que Nicolás Maduro anunciara su intención de privatizar esos comercios, y listó locales estatales entre los lugares donde instalaría Tiendas CLAP incluso antes de que fuesen publicados los decretos de licitación por parte del Gobierno nacional en 2017, denotando tener información privilegiada al respecto.

Aunque Álex Saab no es formalmente el propietario de Salva Foods 2015, el registro de la empresa mostraba una dirección física y fiscal en Caracas que previamente usó Group Grand Limited, perteneciente a Saab, y antes el Fondo Global de Construcción con el que el mismo empresario colombiano ha hecho negocios con el gobierno chavista desde 2011. Además, comparten proveedores en México, siempre según investigaciones de Armando.info.

Por si fuera poco, una gerente de Salva Foods 2015, Betsy Mata, figura como representante legal de Mulberry Proje Yatirim, una empresa creada en Turquía para importar alimentos a Venezuela con contratos públicos y que obtuvo una “cesión de derechos” del contrato que el Estado había firmado con Group Grand Limited, de Álex Saab.

La investigación sobre presunta corrupción asociada a los CLAP comenzó en 2017 en el parlamento venezolano. No obstante, en 2018 están fechadas unas cartas con autenticidad incierta que absuelven de irregularidades a Álex Saab, firmadas por diputados opositores. El presidente de la instancia ha negado que el documento sea legítimo. Además, las misivas no pasaron por el registro de la comisión.

Saab es un empresario colombiano que usó una sociedad mercantil en Hong Kong, registrada en 2013, para exportar alimentos a Venezuela. Entonces, ya había negociado más de 200 millones de dólares con el gobierno de Nicolás Maduro para proveer los productos que reparte el Estado a los receptores del programa Comités Locales de Abastecimiento y Planificación (CLAP).

Venía de ser un constructor consentido con contratos jugosos en el país petrolero y a través de la compañía Group Grand Limited entró al negocio de los alimentos subsidiados, aunque en Venezuela no estaba incluida en el Registro Nacional de Contratistas. Entonces, vendió al gobierno alimentos importados de baja calidad y alta factura. Por ejemplo, un análisis físico químico realizado por la Universidad Central de Venezuela determinó que la leche mexicana importada no cumplía con estándares nutricionales, otro estudio revela que el atún enlatado abunda en soya vegetal, y una comparación de facturas con el mercado internacional determinó que la empresa sobrefacturó productos por montos que alcanzaban casi al doble de lo habitual.

Álex Saab, perfilado por la revista Semana de Colombia como «el hombre de Maduro», ha logrado contratos millonarios con la administración chavista, ha sido señalado por Luisa Ortega Díaz de ser «socio» del gobernante venezolano, y sus relaciones con el Estado venezolano se extienden al mundo de la construcción. En Colombia es un prófugo de la justicia, luego de haberse detectado irregularidades financieras en empresas de su propiedad, y por tanto se le ha activado una circular azul de Interpol, es decir, orden internacional de ubicación, según explicó el fiscal general de ese país, Néstor Humberto Martínez.

Fuente: climax/elestimulo


Warning: getimagesize(images/pdvsaSIN.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/telered1/public_html/modules/mod_dn/helper.php on line 1136

Destacadas


María Alejandra Malaver, ha sido, y demostrado ser una luchadora social de vanguardia en el estado Anzoátegui y además, militante dirigente del movimiento "Voluntad Popular", lo que la induce esto último, a conocer en primer plano la personalidad del diputado Juan Guaidó, ahora nuevo Presidente de la Asamblea Nacional.




Todo empezó hace siete décadas cuando Pascual Florido, un rico hacendado, regaba su descendencia hasta tener 45 hijos. Hoy, tres de sus nietos -enemigos políticos- se sientan a la mesa de diálogo para intentar sacar a Venezuela del foso.

De un lado, Luis Florido, diputado del ala más conservadora de la oposición, y del otro los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, parte de la cúpula chavista. Primos y adversarios sin tregua.

Su abuelo tuvo 45 hijos de varias mujeres, pero solo reconoció a su primogénita y a nueve concebidos en matrimonio, entre éstos Vicente, padre del parlamentario.

Los demás crecieron con sus madres, incluido Jorge Rodríguez, reconocido dirigente comunista torturado y asesinado en 1976 en un calabozo policial, contó a la AFP el legislador y empresario de 51 años.

Desde niño, Florido escuchó hablar en su casa sobre los Rodríguez, pero recién a los 17 años conoció a su primo en el liceo donde estudiaba.

“¡Epa, cómo estás!, le dije. Fue la única vez que lo vi hasta ahora. Tenía yo 17 años y él era un peludo”, añade, marcando el contraste con la calvicie del actual ministro de Comunicación.A Delcy, presidenta de la todopoderosa Asamblea Constituyente chavista, apenas la vino a conocer personalmente en República Dominicana, sede de los diálogos que se reanudarán este viernes.

– Virulencia política –La fecundidad del patriarca es origen de múltiples paradojas.

En una ocasión, evoca Florido, su padre le dio un aventón a un desconocido que viajaba desde Caracas a Lara, de donde es la estirpe, y el hombre resultó ser su hermano.

“Le comentó que era de Jabón, un pueblito llamado así porque es muy resbaloso cuando llueve, y mi padre le dijo: ‘¡chico, yo también!, ¿cómo se llama tu papá?’. Y el hombre le respondió: ‘Pascual Florido. ¡Pero si es el mismo mío!'”, relató el diputado.Por esas mismas casualidades, Florido y Delcy han librado una guerra fuera de Venezuela: él denunciando la “dictadura” del presidente Nicolás Maduro, y la beligerante excanciller de 48 años acusando a los “apátridas” y defendiendo al gobierno de los “ataques del imperio”.

La virulencia, sin embargo, se limita al terreno político. En una oportunidad, Jorge, psiquiatra de 52 años, pidió investigar a Florido por supuestamente especular con importaciones de alimentos.

Las cuestiones personales las han ventilado terceros. El año pasado, el poderoso dirigente chavista Diosdado Cabello acusó la familia Florido de haberle robado la herencia a los Rodríguez.

“¿Dónde está la parte de los hermanos Rodríguez? Se la robaste, así son los pillos”, sostuvo Cabello, trenzado en una pelea con Florido tras denuncias del diputado sobre malos tratos en prisión a su líder, Leopoldo López.

“¿Tú crees que cuando nosotros estemos en el poder no te podemos hacer lo mismo? Te podemos hacer cosas peores… pero no somos así”, había dicho Florido.

– En orillas distintas –La polarización ha permeado a muchas familias venezolanas, y los antagonismos tocan altas esferas.

Una hija criada por el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, quien en noviembre escapó de su arresto domiciliario a Europa, está casada con Andrés Izarra, exministro chavista.

Otro caso es el de Didalco Bolívar y su hija Manuela. Oficialista él, opositora ella, rivalizaron como parlamentarios.

Florido cuenta que algunas personas lo han cuestionado en la calle por su vínculo sanguíneo con los Rodríguez, pero es enfático: “Hemos crecido en orillas muy distintas y muy distantes”.

Los respeta a su manera. A Jorge, lector voraz que diagnóstica patologías en televisión a sus rivales, lo considera “un tipo muy peligroso porque es muy inteligente”.

“Hay que tenerle mucho cuidado por su condición de psiquiatra, pero puedes tener una conversación respetuosa con él. Delcy es un poco más difícil, se abre menos”, comenta.Y aclara que aunque la negociación no los ha unido, es el punto del que emergerá, ahora o en el futuro, la solución a la encrucijada venezolana.

“No es fácil con tanta rabia que hay, tanto odio de parte de ellos principalmente, y también de parte nuestra. La gente con tanta frustración ha terminado odiando. Pero tenemos que aprender a coexistir”.




Una red de 30 personas y 40 empresas conforman el entramado que utilizó Rafael Ramírez Carreño, presidente de Pdvsa durante diez años, para lavar más de dos mil millones de dólares en Banca Privada de Andorra (BPA). Entre los miembros de la red que funcionó entre 2006 y 2012, destacan sus primos Diego Salazar Carreño, Luis Mariano Rodríguez Cabello, José Enrique Luongo Rotundo y el asegurador Omar Farías Luces.

La información se desprende de la Rogatoria que las autoridades judiciales de Andorra enviaron a la Fiscalía General de Venezuela, a la cual tuvo acceso CuentasClarasDigital.org. A través del documento oficial número 4103434 del año 2012, la Batllia D´Andorra solicita información al Ministerio Público venezolano sobre un grupo de personas y empresas bajo investigación en el Principado europeo por el delito de lavado de dinero y valores.acerca deLo Mejor De La acerca de MP-caso-BPA-AN

El poder de los primos

Los investigadores andorranos desconfían de las empresas de Diego Salazar, utilizadas para movilizar cientos de millones de dólares en BPA, a las que califican de “sociedades pantalla”. Registradas en varios paraísos fiscales, en especial en Panamá a través del bufete Aleman Cordero Galindo & Lee, la mayoría aparece a nombre de Luis Mariano Rodríguez Cabello y José Enrique Luongo Rotundo, primos de Ramírez, siendo el beneficiario final de todas ellas Diego Salazar Carreño, también primo de Rafael Ramírez Carreño.

Desde las cuentas de los primos de Ramírez se realizaron numerosas operaciones entre personas naturales y jurídicas dentro y fuera de BPA, poniendo en evidencia decenas de transferencias con escasa o ninguna justificación a una serie de directivos de Pdvsa.

Sin embargo, más numerosos aún resultan los pagos realizados desde cuentas de contratistas de Pdvsa a las cuentas de los primos.

Un ejemplo de este tipo de operaciones es la efectuada desde una cuenta corporativa de Omar Farías, asegurador de Pdvsa, a la empresa registrada en Panamá Antigua Omega Inc. propiedad de José Enrique Luongo Rotundo y cuyo apoderado es Luis Mariano Rodríguez.

La cuenta número AD 28 0006 0008 2312 0034 8856 de Antigua Omega en BPA tenía un saldo de casi 218 millones de dólares en 2012 cuando las autoridades andorranas iniciaron la investigación que condujo a la Rogatoria. La suma provino de dos traspasos internos, uno por 177 millones de dólares por medio de 6 transferencias ordenadas desde un depósito abierto en BPA titularidad de la contratista de Pdvsa Compañía General de Combustibles CGC SA, una de las principales petroleras argentinas y otro por 14 millones de dólares de una cuenta de la compañía ISB Sociedad CS, SA de Omar Farías Luces, asegurador de Pdvsa y de otros cuatrocientos organismos públicos venezolanos entre ministerios, institutos, gobernaciones y alcaldías.

Esta es solo una de las decenas de transferencias que el controversial asegurador Omar Farías realizó a las cuentas de los primos y testaferros de Rafael Ramírez, incluyendo a Diego Salazar con el que dijo “no tener ningún tipo de negocio” en una entrevista al diario español El Mundo realizada a raíz del escándalo de las cuentas de venezolanos en BPA.

Omar Farías es uno de los principales responsables de la crisis financiera de 2009 en la cual decenas de socios y directivos de bancos, casas de bolsa y aseguradoras actuaron como una red para defraudar a la nación. Seguros Premier, propiedad de Farías, fue intervenida y acusada de ser parte de la plataforma financiera usada para actividades ilícitas. Sin embargo, el escándalo no impidió que Farías – protegido desde los más altos niveles del poder – siguiera siendo uno de los principales aseguradores de entidades del régimen, incluyendo Pdvsa. Un reportaje publicado inicialmente en El Nuevo Herald reveló que los contratos de cobertura de Seguros Constitución con la petrolera, que abarcaban las pólizas patrimoniales de cobertura nacional e internacional, tenían sobreprecios que superaban los 100 millones de dólares anuales.

Farías trató de incursionar en el negocio de los seguros en otros países pero no fue tan exitoso. Tanto en España como en Panamá y Ecuador, las autoridades financieras tomaron acciones legales contra sus empresas por operaciones sospechosas de lavado de dinero.

Los seguros de Pdvsa el gran negocio de Salazar, Farías y Víctor Vargas

A raíz de la explosión de Amuay, una de las mayores tragedias de la industria petrolera a nivel mundial, la opinión pública conoció un poco más acerca de los oscuros y fraudulentos negociados con los seguros y reaseguros de Pdvsa en manos de Diego Salazar, Omar Farías y Víctor Vargas Irausquín.

Uno de los receptores de las millonarias transferencias de Omar Farías dentro de BPA, José Enrique Luongo Rotundo, primo de Rafael Ramírez y de Diego Salazar, también es familiar de Jesús Enrique Luongo Demari, actual vicepresidente de Refinación, Comercio y Suministro de Pdvsa, quien era el gerente del Centro de Refinación Paraguaná en 2012, momento de la explosión de Amuay en la que perdieron la vida 42 personas, 5 permanecen desaparecidas y más de 150 resultaron seriamente lesionadas.

Desde un primer momento, Luongo Demaria descartó que el siniestro se debiera a falta de mantenimiento. A pocas horas de la explosión, con los tanques aún ardiendo y sin conocer el número de víctimas ni los daños finales, declaró a Venezolana de TV acompañado de Elías Jaua , vice presidente de la República para el momento, desestimando las denuncias de falta de mantenimiento en lo que calificó como “una matriz de opinión” sin fundamento y avalando la labor preventiva de “la nueva Pdvsa”.

Sus declaraciones fueron fundamentales para sustentar la opinión de Rafael Ramírez que atribuyó la tragedia a un sabotaje de sectores de la oposición con lo cual quedaba justificado que las compañías de seguros no pagaran a Pdvsa.

Sin embargo, la realidad parece haber sido otra.

Según expertos del sector asegurador internacional, el costo del programa de seguros de Pdvsa se había triplicado desde 2000 a 2008. Diego Salazar y otros allegados y familiares de Rafael Ramírez –como su cuñado Baldo Sansó, George Kabboul, Antonio Simancas, Héctor Gamboa y Eudomario Carruyo – otro cliente de BPA y protagonista de Los Papeles de Panamá – montaron un entramado de corrupción con base en el pago de primas de los seguros que le habría reportado millonarias comisiones al grupo y perjudicado seriamente los intereses de la petrolera.

En el libro El Gran Saqueo de Tablante y Tarre, se señala que entre las irregularidades detectadas con el caso Amuay figura el hecho de que Pdvsa no había contratado cobertura por concepto de lucro cesante o interrupción del negocio, de manera que la pérdida por este concepto, que fue de 1.200 millones de dólares, tuvo que ser asumida por PDV Insurance Company, es decir, la propia petrolera.

Al día de hoy se desconoce si La Occidental de Seguros de Víctor Vargas cubrió las pérdidas relativas al patrimonio como tampoco se ha tenido acceso al informe final del siniestro, tanto de Pdvsa como del Ministerio Público. Ramírez anunció el 25 de agosto de 2013 que “cuando la Fiscalía autorice publicaremos el informe sobre el sabotaje en Amuay”. Tres años después, ni Pdvsa ni el MP han publicado absolutamente nada sobre el tema.

Esta situación privó a la petrolera de los recursos necesarios para recuperar la planta. Expertos señalan que debido a ello Amuay está produciendo solo la mitad de su capacidad diaria.

El MP “investiga” el caso BPA desde hace cuatro años

La Rogatoria dirigida por las autoridades de Andorra al Ministerio Público venezolano aspiraba a aclarar las decenas de operaciones en su mayoría “muy genéricas y sin soporte documental suficiente dada la importancia del volumen económico” realizadas por la red de los primos de Rafael Ramírez en Banca Privada de Andorra. Hasta la fecha, se desconoce si la Fiscalía General respondió la solicitud.

Ante un requerimiento similar realizado en marzo por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional que investiga a Ramírez, el Ministerio Público, a través de la directora Contra la Corrupción Paula Ziri Castro, negó suministrar información aduciendo que luego de cuatro años, “el proceso actualmente se encuentra en fase de investigación”.

Fuente: cuentasclarasdigital




Los más recientes análisis del sector militar incorporan la posibilidad de un cese indefinido de actividades laborales en el país, sustentado por la aplicación del artículo 350 de la Constitución. “Para que tenga efecto sobre los profesionales de armas, tendría que restringir las actividades administrativas en Fuerte Tiuna”, afirmó el coronel retirado Antonio Guevara

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) comienza a evaluar el escenario de un paro nacional, como parte de la escalada conflictiva contra el presidente Nicolás Maduro. Los más recientes análisis del Comando Estratégico Operacional (Ceofanb) incorporaron en el menú de “acciones más peligrosas” para el régimen la posibilidad de un cese total de actividad laboral, en un contexto en el que las fuerzas opositoras comienzan a invocar con seriedad el artículo 350 de la Constitución. La letra versa y sostiene el desconocimiento de “cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios o garantías democráticas o que menoscabe los derechos humanos”.

Las evaluaciones de la cúpula militar fueron distribuidas la primera semana de junio de 2017 a todas las zonas operativas de defensa integral en una “forma de mensaje conjunto” tachada de “secreto”, que se hizo del conocimiento público en la medida en que pasaba de mano en mano por la extensa e inextricable burocracia del Ministerio de la Defensa.

Según el texto, todos los jefes de zonas castrenses “deberán considerar en su planificación operacional” el resultado de este último examen a la situación política del país. Las actividades más recientes en las protestas antigubernamentales indican que Distrito Capital, Barinas, Bolívar, Mérida, Miranda y Táchira “registran niveles de conflictividad elevados”.

El problema de fondo para los militares es que las protestas llegaron al municipio Libertador del Distrito Capital. En análisis anteriores del mismo Comando Unificado de la FANB, a los que se tuvo acceso para la hechura de este trabajo, la acción de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y las policías había logrado mantener en relativa tranquilidad al centro del poder político nacional. Esa situación cambió de la noche a la mañana, con expresiones de descontento motivadas por factores sociales, como por ejemplo la carencia de alimentos.

En Barinas, de acuerdo con las estadísticas castrenses, han fallecido once personas por la conflictividad política. Allí la Operación Zamora para el mantenimiento del orden interno fue elevada a nivel amarillo —el segundo de tres en la escala de alertas—, con la finalidad de aplacar una ola de saqueos y actos vandálicos. Un destacamento de la GNB y un puesto policial fueron atacados y quemados. Zenaida Gallardo renunció a la Gobernación y fue reemplazada por el secretario de Gobierno Adán Chávez, hermano del extinto presidente Hugo Chávez.

Marcha opositora Gustavo Vera

A los seis estados de la lista inicial podrían unirse en los próximos días Aragua, Carabobo, Lara, Portuguesa, Nueva Esparta y Trujillo, de acuerdo con la evolución de las protestas en cada localidad. En los documentos anteriores, Portuguesa no figuraba en el mapa de la conflictividad política. Sus habitantes, de acuerdo con las encuestas de opinión, suelen mostrar niveles de aceptación a la gestión presidencial muy por encima del promedio nacional, junto al estado Cojedes.

“Clima de violencia mortal”

De acuerdo a las evaluaciones, adentro de los cuarteles se vende la imagen de que los opositores al Gobierno son los únicos generadores de violencia. Desde luego, estos diagnósticos omiten un dato esencial: de los 67 muertos contados desde abril de 2017 hasta la fecha de hoy solo tres (4,4%) pertenecían a las filas de los cuerpos de seguridad. De hecho, solo un uniformado ha sido ultimado en estos días —un caso que investiga la Fiscalía. Se trata de un sargento de la GN al que le dispararon en San Antonio de los Altos con una pistola que estaba en custodia de la Fuerza Armada desde 2016.

Sin embargo, el radiograma distribuido insiste en que las manifestaciones de calle tienen como fin “continuar generando un clima de violencia mortal”, que refuerce una “matriz de opinión” según la cual los cuerpos represivos hacen uso excesivo y desproporcionado de la fuerza.

Cuando este radiograma era elaborado, el lunes 5 de junio 2017, el país veía con asombro y estupor cómo efectivos de la GNB y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) no solo reprimían sin misericordia a manifestantes en Altamira y Chuao sino que también los golpeaban y robaban, disparaban con armas de fuego y atacaban a trabajadores de los medios de comunicación y les destruían sus equipos. En Zulia, incluso, los detuvieron con el argumento de que hacían tomas en “zonas de seguridad”.

El martes 6 de junio, cuando comenzaba la divulgación del documento, el ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino, calificaba como “atrocidades” los actos presenciados el día anterior. Un mensaje que contrasta con los términos de las evaluaciones que se hacen en su propio despacho.

El siguiente paso

En un diagnóstico efectuado por Ceofanb con anterioridad, la expresión “paro nacional” no figuraba en el panorama. Ahora, está de primera en la lista de acciones “más peligrosas” que emprendería la oposición. El coronel retirado del Ejército Antonio Guevara explica: “para que una huelga tenga efecto sobre el sector militar tendría que restringir de alguna forma las actividades administrativas en Fuerte Tiuna”, que es el centro de actividad de la FANB.

Recordó que durante manifestaciones pacíficas realizadas en Los Próceres durante las últimas dos semanas las medidas de seguridad aplicadas fueron de tal magnitud que impidieron parcialmente el paso de los trabajadores civiles, así como la salida de las personas que residen en el sector. “El Ipsfa cerró y el fuerte se paralizó”, indicó.

A su juicio, es necesario combinar la magnitud de las protestas con dosis de creatividad e imaginación, que mantengan la actividad opositora en su carácter pacífico. “Es inevitable el concurso de la Fuerza Armada en la transición. Por lo tanto no puedes confrontarla, pero sí enviarle mensajes y contenidos que la sensibilicen en torno a lo que está sucediendo en el país”, sugirió Guevara, quien actualmente se desempeña como consultor en temas políticos y de seguridad.

El oficial retirado mencionó los llamados “madrugonazos” como parte del menú de acciones posibles. Y este es precisamente el segundo peligro que avizora el Ceofanb, a propósito de un ensayo efectuado por diputados frente a la Comandancia General de la GN, el 11 de abril.

Los otros riesgos delineados por la cúpula castrense son “acciones violentas” contra instalaciones de Petróleos de Venezuela y del Gobierno en general, y arremetidas contra unidades militares y saqueos “en sectores con mayor índice de conflictividad”. Finalmente, el ataque selectivo a funcionarios y “líderes políticos de ambas facciones”.

Más calle

Si en algo coinciden los análisis hechos por la FANB con los de académicos y consultores es que la confrontación en Venezuela pareciera no tener freno. “Todo señala que la conflictividad no mermará, y mucho más mientras se convoque a la Asamblea Nacional Constituyente”, advirtió el profesor del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Florida, Eduardo Gamarra.

Para el académico es claro que tanto el Ejército como la Aviación y la Armada han optado por mantenerse al margen de la represión, y delegar esta tarea a la GNB que en la actualidad “tiene una imagen horrible”. Vituperable. Este componente ha sido hasta ahora el principal ejecutor de la Operación Zamora, ordenada por el presidente Maduro a principios de abril, cuando columbraba el recrudecimiento de las manifestaciones callejeras.

La acción militar se ha avivado en Barinas, Táchira, Lara, Zulia y Distrito Capital. Ha tiznado de inclemencia y rudeza, calles y casas de ciudadanos. “Si continúa la escalada es probable que sea necesario decretar un estado de conmoción interna, lo que abriría las puertas a una intervención del Ejército”, descompone el panorama el Coronel Guevara.

El riesgo en este escenario es que los soldados del mayor componente castrense salgan a las calles y no regresen hasta que haya cambiado el Gobierno. Guevara recordó que durante la crisis de abril de 2002 la Guardia Nacional fue rebasada por la acción popular y se llegó a un “punto de quiebre” que obligó al entonces presidente Chávez a activar el Plan Soberanía en Caracas —conocido como Plan Ávila—, inmediato predecesor del Plan Zamora. “Entonces el alto mando de la GN ordenó el repliegue de sus tropas, y luego siguieron los demás componentes, que desconocieron la autoridad del Presidente”, recordó.

De inmediato, la alta oficialidad encabezada por el general Lucas Rincón le dijo al mandatario que lo mejor era separarse del poder. Este guion podría repetirse en 2017, con algunas variantes. De allí que los militares hayan ordenado en los sucesivos diagnósticos “reorientar los esfuerzos en realizar actividades de inteligencia” que permitan obtener alertas tempranas y “evitar la ejecución de los eventos planificados”.

Fuente: climax




Dentro de algunos años, cuando se haga la historia del siglo XX venezolano sin el apasionamiento con el que se analiza aún ese período, dado el impacto que tiene en nuestras vidas, estoy seguro de que se revalorizará la figura de Teodoro Petkoff.

Teodoro ha vuelto a ser noticia en estos días. Ha sido sobreseído en un esperpento judicial que le montó el poder. Es un nuevo capítulo de la vida de Petkoff, quien está retirado de la vida pública luego de ser protagonista de primer orden en Venezuela en la segunda mitad del siglo XX y en las primeras décadas del siglo XXI.

El periodismo político aplanó la trayectoria intelectual y política de Teodoro en esa manía periodística de tener una frase que ayude a definir al personaje. De esa manera, tantas veces en las agencias internacionales de noticias también terminé escribiendo “Teodoro Petkoff, el ex líder guerrillero…” Y digo que se aplanó su trayectoria porque en realidad Teodoro, para toda la izquierda e intelectualidad en Europa y América Latina, fue en verdad un ícono.

Con su libro “Checoslovaquia, el socialismo como problema”, Petkoff marcó una ruptura intelectual y política para toda una generación latinoamericana y europea con el socialismo burocratizado y represivo de la extinta URSS. La historia terminó dándole la razón a Teodoro, quien al cuestionar en 1969 la imposición de Moscú sobre la primavera checa, trazó la crítica –desde la izquierda- en contra de la burocracia comunista, la misma que terminaría implosionando tres décadas después.Teodoro fundó luego el Movimiento al Socialismo, junto con el también emblemático Pompeyo Márquez, tuvo la experiencia como ministro en la segunda administración de Rafael Caldera, relanzó el diario El Mundo (cuando era vespertino) y luego fundó Tal Cual. Parlamentario de larga data ha tenido la capacidad de revisar sus propias decisiones e incluso corregirlas en público. “Sólo los estúpidos no cambian de opinión” es una de sus frases que simbolizan su perspectiva vital.

En la parte final de los 90, siendo periodista de una agencia de prensa europea, comencé a frecuentar las ruedas de prensa que ofrecía Petkoff como ministro, y también comenzó a ser una fuente ineludible en años en los que no parecía pasar nada en Venezuela. Teodoro, con su estilo vehemente y polémico, terminaba siempre por darle algún titular a los periodistas que supieran pescar en su discurso.

Al pasar los años e iniciarse el siglo XXI, Teodoro dejó la arena política, al entender que desde la prensa (dirigiendo un periódico) podría incidir públicamente. Era otra forma de hacer política no partidista. Yo por aquel tiempo dejé el periodismo diario para buscar un espacio en la universidad, el país necesitaba de análisis, reflexión y explicaciones. Luego de algunos años nos encontramos.

La innovación a la que apostaba Tal Cual les llevó a abrir una columna dedicada a analizar el tema de los medios y la libertad de expresión en Venezuela. En conversaciones con Javier Conde, entonces jefe de redacción, bautizamos como “Infocracia” a aquella columna semanal que comenzó a publicarse en 2005. Dos años después, el cierre de RCTV vino a demostrar la importancia de aquel tema (los medios y las libertades) en la agenda pública nacional. En mi caso, Infocracia pasó ser una suerte de sello personal.

Ser colaborador de Tal Cual me abrió la puerta para conversar ocasionalmente con Teodoro. Durante varios años cada vez que me tocaba recibir y atender en Venezuela a periodistas, académicos o defensores de derechos humanos, una cita obligada era llevarles a un encuentro con Petkoff. Para algunos de ellos, en verdad, entrevistarse con él en persona, terminaba siendo lo más significativo de su visita al país.

Por aquel tiempo, por el año 2009, Teodoro me dio una lección de humildad por la que estaré en deuda con él, siempre. Azucena, su fiel asistente, me llamó: Teodoro quiere verte. Pensé que sería para tratar algún asunto relacionado con mi columna o sobre algún trabajo especial para Tal Cual.

Cuando llegó el día pautado para la reunión, Teodoro me explica que va a tener un encuentro con editores y directores de medios en Estados Unidos y que le han pedido su visión sobre la situación de libertad de prensa en Venezuela.

Libreta y lápiz en mano Teodoro me pidió que le explicara, sí, que yo le explicara, cómo es que funcionaba la hegemonía comunicacional y sus tentáculos en Venezuela.

Durante la siguiente hora Petkoff sencillamente fue un discípulo, me hacía preguntas, tomaba notas y me pedía precisiones. Aquel momento ha marcado un hito en mi vida personal y profesional.

Gracias, Teodoro.