Una revolución bolchevique —con matices tropicales— está en marcha cerca de nuestras costas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está usando toda su autoridad para diezmar lo poco que queda de la resistencia a su socialismo extremista. Tal como hizo el líder soviético Vladimir Lenin en octubre de 1917, en esta etapa de la revolución Maduro se propone librar una campaña final contra todos salvo sus aliados más radicales.

Recientemente, la mayoría de las noticias que salen de Venezuela cuentan la extraordinaria crisis económica del país. Algunos analistas tratan la crisis como un caso de influenza: algo que la nación contrajo sin culpa suya. Sin embargo, esta crisis o —más bien— su larga duración, no es un accidente. Se trata de un diseño revolucionario.

La devastación de los últimos cuatro años no puede ponerse en palabras. Al registrar la inflación más alta del mundo junto con una recesión que ha contraído la economía en casi el 50 por ciento desde 2013, Venezuela se ha convertido en el primer país en décadas en hacer una transición de nación de ingresos medios a una de ingresos mínimos —o casi inexistentes—.

Sin embargo, el aspecto más vergonzoso de la crisis es la indiferencia del gobierno. La principal respuesta gubernamental, bautizada como el “paquete rojo”, no incluye nada más que devaluar la moneda casi un 95 por ciento, redenominar los nuevos billetes al quitarles cinco ceros y vincular el nuevo bolívar soberano al petro, una criptomoneda no transable y que nadie utiliza. Estas medidas son una redecoración inútil. Hasta los economistas más indulgentes con el gobierno están poco impresionados.

Si acaso, el gobierno está empeorando la crisis al aumentar el precio de la gasolina a precios internacionales, restringir todavía más la importación de alimentos y medicinas, decretar más controles de precios y subir impuestos en medio de una recesión. Los gobiernos y las organizaciones internacionales ofrecen ayuda humanitaria, pero Maduro la rechaza. El gobierno se cruza de brazos mientras el hambre y las enfermedades se propagan.

Esta indiferencia sugiere una intencionalidad. Es fácil ver la causa. Un gobierno extremista como el de Maduro prefiere la devastación económica a la recuperación porque la miseria destruye a la sociedad civil y, con ella, toda posibilidad de resistir la tiranía.

Cuando las condiciones económicas se deterioran, los ciudadanos a menudo optan por la protesta. Pero cuando las condiciones económicas decaen a tal grado que hacen que las clases medias vivan con menos de dos dólares al mes (menos que en Haití) y diseminan condiciones cercanas a la hambruna, la mejor opción es arreglárselas como uno pueda o irse del país. Si a esta receta añadimos la represión, el resultado es un éxodo de al menos el 7 por ciento de la población, el más grande en el continente americano desde la década de los ochenta.

La privación económica, aunada a la represión, cambia los incentivos de la participación política por el exilio político. Esto es lo que Maduro ve con buenos ojos: la asfixia de la resistencia, tal como Lenin quiso. Es la razón por la que Maduro ha permitido que la crisis continúe por tanto tiempo.

Claro está que ningún acontecimiento es una réplica exacta de sus antecesores. La revolución de Maduro no es enteramente un bolchevismo revivido. Maduro no está tratando de derrocar a un gobierno existente, sino de consolidar un régimen viejo, anticuado y odiado. Maduro no lleva a cabo matanzas sistemáticas, aunque usa la represión sin remordimientos. Y lo más importante, los ciudadanos ordinarios o sóviets no se están levantando de la mano del Estado para impulsar más el extremismo.

El extremismo de Maduro es ejercido exclusivamente por el Estado. En ese sentido, toma como referencia otra campaña tropical también inspirada en el bolchevismo: la famosa Ofensiva Revolucionaria de Cuba en 1968. Esta fue una campaña de Fidel Castro, a nueve años de iniciado su gobierno, para nacionalizar lo poco que quedaba del sector privado. Castro confiscó 55.636 pequeñas empresas, incluyendo la mayoría de los proveedores de alimentos y granjas semiprivadas. Fidel quería acabar con las ganancias privadas y establecer un absoluto monopolio estatal sobre la distribución de los alimentos. La meta era hacer a los ciudadanos más dependientes del Estado.

Del mismo modo, Maduro está usando la miseria económica para extinguir lo poco que queda del sector privado en Venezuela y expandir el control estatal. Ya expandió el control estatal de la distribución de los alimentos al entregar “carnets de la patria”, que se reparten principalmente entre leales al régimen. Decretó un aumento del 3000 por ciento a los salarios mínimos, que resulta insuficiente para permitir a los trabajadores ajustarse a la hiperinflación, pero que es imposible de costear para los pequeños empleadores y empresarios, que ya están en apuros económicos debido a la recesión, los controles de precios, la falta de dólares y los continuos apagones. Desde que se anunció el paquete rojo, las autoridades han detenido a 131 personas acusadas de sabotaje, principalmente a gerentes de cadenas minoristas. Hoy, la industria privada de Venezuela opera al diez por ciento de la capacidad que tenía hace veinte años, cuando esta revolución comenzó. Hasta los restaurantes McDonald’s están cerrando.

No obstante, el modelo de Maduro tampoco es una réplica exacta de la Ofensiva de Fidel. Maduro todavía permite que algunos actores privados amasen riquezas, aun cuando lo hacen a través de actividades ilícitas o consiguiendo acceso al dólar barato que el gobierno siempre está dispuesto a ofrecer, legalmente, a sus compinches.

Además, existen elementos innatos que hacen que la revolución de Maduro sea más idiosincrásica que imitadora. Tal vez el elemento más idiosincrásico es el colapso del sector petrolero en manos del Estado. Las exportaciones de petróleo constituyen la única fuente de dólares de la revolución, aparte del endeudamiento. No obstante, la industria petrolera venezolana ha venido sufriendo un declive crónico en la productividad durante los últimos quince años. Con Maduro, dicho declive se aceleró. A pesar de la recuperación en el precio del petróleo a partir de 2016, la producción de Venezuela se ha estrellado y ha disminuido en más del 40 por ciento en dos años. La mayoría del resto de los productores importantes de petróleo han expandido su producción o permanecido estables.

Dejar que la única gallina de los huevos de oro de la revolución se derrumbara es una característica que lleva el sello de Maduro. No existe ningún antecedente histórico de una herida autoinfligida tan mortal como esta, ni en la Rusia soviética ni en la Cuba comunista ni en ningún petro-Estado en paz y abierto al comercio.

Es difícil argumentar que la negligencia de Maduro hacia su joya de la corona es intencional, debido a que su víctima más directa es él mismo. Esta negligencia sugiere que el gobierno de Maduro también es inepto.

Los analistas debaten si la debacle económica del país es resultado de la premeditación o la incompetencia. En muchos sentidos, este es un falso debate. Se debe a ambas cosas. El extremismo produce y necesita caos, y el caos a su vez aumenta las posibilidades de errores garrafales por parte del Estado.

Tan graves son los errores de Maduro en materia petrolera que le ha tocado a gente de su propio partido político tomar cartas en el asunto. La Asamblea Nacional Constituyente —electa ilegítimamente en 2017 y compuesta exclusivamente de maduristas— está considerando tomar medidas correctivas en el sector petrolero para permitir una mayor apertura petrolera. Pero mientras debaten, el ejecutivo sigue sin actuar para revertir el derrumbe petrolero.

En circunstancias normales, el caos económico socava a cualquier gobierno. Todavía puede poner en riesgo al régimen de Maduro en la medida que se propague el descontento, no ya entre los opositores, sino en las filas de su gobierno. Ya sabemos, por evidencia indirecta pero inequívoca, que el malestar dentro del gobierno crece: este año Maduro ha aumentado la represión hacia el ejército y a exfuncionarios gubernamentales.

Pese a estos riesgos, Maduro se ha inclinado por el caos y no por la recuperación, porque cuando el caos alcanza proporciones inhumanas, como ha sucedido en Venezuela desde 2015, es más probable que diezme a la oposición que al gobierno. Y si el gobierno aplica la represión con eficacia, en especial dentro de sus filas, tiene una posibilidad de sobrevivir mientras sus enemigos —dentro y fuera de la revolución— languidecen por miseria o huyen del país.

El caos, ya sea intencional o accidental, puede ser funcional para los Estados extremistas. Por tal motivo, no deberíamos contar con que el gobierno extremista de Maduro haga algo mínimamente prometedor para detener el descenso de Venezuela al infierno.


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Destacadas


Todo empezó hace siete décadas cuando Pascual Florido, un rico hacendado, regaba su descendencia hasta tener 45 hijos. Hoy, tres de sus nietos -enemigos políticos- se sientan a la mesa de diálogo para intentar sacar a Venezuela del foso.

De un lado, Luis Florido, diputado del ala más conservadora de la oposición, y del otro los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, parte de la cúpula chavista. Primos y adversarios sin tregua.

Su abuelo tuvo 45 hijos de varias mujeres, pero solo reconoció a su primogénita y a nueve concebidos en matrimonio, entre éstos Vicente, padre del parlamentario.

Los demás crecieron con sus madres, incluido Jorge Rodríguez, reconocido dirigente comunista torturado y asesinado en 1976 en un calabozo policial, contó a la AFP el legislador y empresario de 51 años.

Desde niño, Florido escuchó hablar en su casa sobre los Rodríguez, pero recién a los 17 años conoció a su primo en el liceo donde estudiaba.

“¡Epa, cómo estás!, le dije. Fue la única vez que lo vi hasta ahora. Tenía yo 17 años y él era un peludo”, añade, marcando el contraste con la calvicie del actual ministro de Comunicación.A Delcy, presidenta de la todopoderosa Asamblea Constituyente chavista, apenas la vino a conocer personalmente en República Dominicana, sede de los diálogos que se reanudarán este viernes.

– Virulencia política –La fecundidad del patriarca es origen de múltiples paradojas.

En una ocasión, evoca Florido, su padre le dio un aventón a un desconocido que viajaba desde Caracas a Lara, de donde es la estirpe, y el hombre resultó ser su hermano.

“Le comentó que era de Jabón, un pueblito llamado así porque es muy resbaloso cuando llueve, y mi padre le dijo: ‘¡chico, yo también!, ¿cómo se llama tu papá?’. Y el hombre le respondió: ‘Pascual Florido. ¡Pero si es el mismo mío!'”, relató el diputado.Por esas mismas casualidades, Florido y Delcy han librado una guerra fuera de Venezuela: él denunciando la “dictadura” del presidente Nicolás Maduro, y la beligerante excanciller de 48 años acusando a los “apátridas” y defendiendo al gobierno de los “ataques del imperio”.

La virulencia, sin embargo, se limita al terreno político. En una oportunidad, Jorge, psiquiatra de 52 años, pidió investigar a Florido por supuestamente especular con importaciones de alimentos.

Las cuestiones personales las han ventilado terceros. El año pasado, el poderoso dirigente chavista Diosdado Cabello acusó la familia Florido de haberle robado la herencia a los Rodríguez.

“¿Dónde está la parte de los hermanos Rodríguez? Se la robaste, así son los pillos”, sostuvo Cabello, trenzado en una pelea con Florido tras denuncias del diputado sobre malos tratos en prisión a su líder, Leopoldo López.

“¿Tú crees que cuando nosotros estemos en el poder no te podemos hacer lo mismo? Te podemos hacer cosas peores… pero no somos así”, había dicho Florido.

– En orillas distintas –La polarización ha permeado a muchas familias venezolanas, y los antagonismos tocan altas esferas.

Una hija criada por el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, quien en noviembre escapó de su arresto domiciliario a Europa, está casada con Andrés Izarra, exministro chavista.

Otro caso es el de Didalco Bolívar y su hija Manuela. Oficialista él, opositora ella, rivalizaron como parlamentarios.

Florido cuenta que algunas personas lo han cuestionado en la calle por su vínculo sanguíneo con los Rodríguez, pero es enfático: “Hemos crecido en orillas muy distintas y muy distantes”.

Los respeta a su manera. A Jorge, lector voraz que diagnóstica patologías en televisión a sus rivales, lo considera “un tipo muy peligroso porque es muy inteligente”.

“Hay que tenerle mucho cuidado por su condición de psiquiatra, pero puedes tener una conversación respetuosa con él. Delcy es un poco más difícil, se abre menos”, comenta.Y aclara que aunque la negociación no los ha unido, es el punto del que emergerá, ahora o en el futuro, la solución a la encrucijada venezolana.

“No es fácil con tanta rabia que hay, tanto odio de parte de ellos principalmente, y también de parte nuestra. La gente con tanta frustración ha terminado odiando. Pero tenemos que aprender a coexistir”.




Dentro de algunos años, cuando se haga la historia del siglo XX venezolano sin el apasionamiento con el que se analiza aún ese período, dado el impacto que tiene en nuestras vidas, estoy seguro de que se revalorizará la figura de Teodoro Petkoff.

Teodoro ha vuelto a ser noticia en estos días. Ha sido sobreseído en un esperpento judicial que le montó el poder. Es un nuevo capítulo de la vida de Petkoff, quien está retirado de la vida pública luego de ser protagonista de primer orden en Venezuela en la segunda mitad del siglo XX y en las primeras décadas del siglo XXI.

El periodismo político aplanó la trayectoria intelectual y política de Teodoro en esa manía periodística de tener una frase que ayude a definir al personaje. De esa manera, tantas veces en las agencias internacionales de noticias también terminé escribiendo “Teodoro Petkoff, el ex líder guerrillero…” Y digo que se aplanó su trayectoria porque en realidad Teodoro, para toda la izquierda e intelectualidad en Europa y América Latina, fue en verdad un ícono.

Con su libro “Checoslovaquia, el socialismo como problema”, Petkoff marcó una ruptura intelectual y política para toda una generación latinoamericana y europea con el socialismo burocratizado y represivo de la extinta URSS. La historia terminó dándole la razón a Teodoro, quien al cuestionar en 1969 la imposición de Moscú sobre la primavera checa, trazó la crítica –desde la izquierda- en contra de la burocracia comunista, la misma que terminaría implosionando tres décadas después.Teodoro fundó luego el Movimiento al Socialismo, junto con el también emblemático Pompeyo Márquez, tuvo la experiencia como ministro en la segunda administración de Rafael Caldera, relanzó el diario El Mundo (cuando era vespertino) y luego fundó Tal Cual. Parlamentario de larga data ha tenido la capacidad de revisar sus propias decisiones e incluso corregirlas en público. “Sólo los estúpidos no cambian de opinión” es una de sus frases que simbolizan su perspectiva vital.

En la parte final de los 90, siendo periodista de una agencia de prensa europea, comencé a frecuentar las ruedas de prensa que ofrecía Petkoff como ministro, y también comenzó a ser una fuente ineludible en años en los que no parecía pasar nada en Venezuela. Teodoro, con su estilo vehemente y polémico, terminaba siempre por darle algún titular a los periodistas que supieran pescar en su discurso.

Al pasar los años e iniciarse el siglo XXI, Teodoro dejó la arena política, al entender que desde la prensa (dirigiendo un periódico) podría incidir públicamente. Era otra forma de hacer política no partidista. Yo por aquel tiempo dejé el periodismo diario para buscar un espacio en la universidad, el país necesitaba de análisis, reflexión y explicaciones. Luego de algunos años nos encontramos.

La innovación a la que apostaba Tal Cual les llevó a abrir una columna dedicada a analizar el tema de los medios y la libertad de expresión en Venezuela. En conversaciones con Javier Conde, entonces jefe de redacción, bautizamos como “Infocracia” a aquella columna semanal que comenzó a publicarse en 2005. Dos años después, el cierre de RCTV vino a demostrar la importancia de aquel tema (los medios y las libertades) en la agenda pública nacional. En mi caso, Infocracia pasó ser una suerte de sello personal.

Ser colaborador de Tal Cual me abrió la puerta para conversar ocasionalmente con Teodoro. Durante varios años cada vez que me tocaba recibir y atender en Venezuela a periodistas, académicos o defensores de derechos humanos, una cita obligada era llevarles a un encuentro con Petkoff. Para algunos de ellos, en verdad, entrevistarse con él en persona, terminaba siendo lo más significativo de su visita al país.

Por aquel tiempo, por el año 2009, Teodoro me dio una lección de humildad por la que estaré en deuda con él, siempre. Azucena, su fiel asistente, me llamó: Teodoro quiere verte. Pensé que sería para tratar algún asunto relacionado con mi columna o sobre algún trabajo especial para Tal Cual.

Cuando llegó el día pautado para la reunión, Teodoro me explica que va a tener un encuentro con editores y directores de medios en Estados Unidos y que le han pedido su visión sobre la situación de libertad de prensa en Venezuela.

Libreta y lápiz en mano Teodoro me pidió que le explicara, sí, que yo le explicara, cómo es que funcionaba la hegemonía comunicacional y sus tentáculos en Venezuela.

Durante la siguiente hora Petkoff sencillamente fue un discípulo, me hacía preguntas, tomaba notas y me pedía precisiones. Aquel momento ha marcado un hito en mi vida personal y profesional.

Gracias, Teodoro.




Los más recientes análisis del sector militar incorporan la posibilidad de un cese indefinido de actividades laborales en el país, sustentado por la aplicación del artículo 350 de la Constitución. “Para que tenga efecto sobre los profesionales de armas, tendría que restringir las actividades administrativas en Fuerte Tiuna”, afirmó el coronel retirado Antonio Guevara

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) comienza a evaluar el escenario de un paro nacional, como parte de la escalada conflictiva contra el presidente Nicolás Maduro. Los más recientes análisis del Comando Estratégico Operacional (Ceofanb) incorporaron en el menú de “acciones más peligrosas” para el régimen la posibilidad de un cese total de actividad laboral, en un contexto en el que las fuerzas opositoras comienzan a invocar con seriedad el artículo 350 de la Constitución. La letra versa y sostiene el desconocimiento de “cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios o garantías democráticas o que menoscabe los derechos humanos”.

Las evaluaciones de la cúpula militar fueron distribuidas la primera semana de junio de 2017 a todas las zonas operativas de defensa integral en una “forma de mensaje conjunto” tachada de “secreto”, que se hizo del conocimiento público en la medida en que pasaba de mano en mano por la extensa e inextricable burocracia del Ministerio de la Defensa.

Según el texto, todos los jefes de zonas castrenses “deberán considerar en su planificación operacional” el resultado de este último examen a la situación política del país. Las actividades más recientes en las protestas antigubernamentales indican que Distrito Capital, Barinas, Bolívar, Mérida, Miranda y Táchira “registran niveles de conflictividad elevados”.

El problema de fondo para los militares es que las protestas llegaron al municipio Libertador del Distrito Capital. En análisis anteriores del mismo Comando Unificado de la FANB, a los que se tuvo acceso para la hechura de este trabajo, la acción de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y las policías había logrado mantener en relativa tranquilidad al centro del poder político nacional. Esa situación cambió de la noche a la mañana, con expresiones de descontento motivadas por factores sociales, como por ejemplo la carencia de alimentos.

En Barinas, de acuerdo con las estadísticas castrenses, han fallecido once personas por la conflictividad política. Allí la Operación Zamora para el mantenimiento del orden interno fue elevada a nivel amarillo —el segundo de tres en la escala de alertas—, con la finalidad de aplacar una ola de saqueos y actos vandálicos. Un destacamento de la GNB y un puesto policial fueron atacados y quemados. Zenaida Gallardo renunció a la Gobernación y fue reemplazada por el secretario de Gobierno Adán Chávez, hermano del extinto presidente Hugo Chávez.

Marcha opositora Gustavo Vera

A los seis estados de la lista inicial podrían unirse en los próximos días Aragua, Carabobo, Lara, Portuguesa, Nueva Esparta y Trujillo, de acuerdo con la evolución de las protestas en cada localidad. En los documentos anteriores, Portuguesa no figuraba en el mapa de la conflictividad política. Sus habitantes, de acuerdo con las encuestas de opinión, suelen mostrar niveles de aceptación a la gestión presidencial muy por encima del promedio nacional, junto al estado Cojedes.

“Clima de violencia mortal”

De acuerdo a las evaluaciones, adentro de los cuarteles se vende la imagen de que los opositores al Gobierno son los únicos generadores de violencia. Desde luego, estos diagnósticos omiten un dato esencial: de los 67 muertos contados desde abril de 2017 hasta la fecha de hoy solo tres (4,4%) pertenecían a las filas de los cuerpos de seguridad. De hecho, solo un uniformado ha sido ultimado en estos días —un caso que investiga la Fiscalía. Se trata de un sargento de la GN al que le dispararon en San Antonio de los Altos con una pistola que estaba en custodia de la Fuerza Armada desde 2016.

Sin embargo, el radiograma distribuido insiste en que las manifestaciones de calle tienen como fin “continuar generando un clima de violencia mortal”, que refuerce una “matriz de opinión” según la cual los cuerpos represivos hacen uso excesivo y desproporcionado de la fuerza.

Cuando este radiograma era elaborado, el lunes 5 de junio 2017, el país veía con asombro y estupor cómo efectivos de la GNB y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) no solo reprimían sin misericordia a manifestantes en Altamira y Chuao sino que también los golpeaban y robaban, disparaban con armas de fuego y atacaban a trabajadores de los medios de comunicación y les destruían sus equipos. En Zulia, incluso, los detuvieron con el argumento de que hacían tomas en “zonas de seguridad”.

El martes 6 de junio, cuando comenzaba la divulgación del documento, el ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino, calificaba como “atrocidades” los actos presenciados el día anterior. Un mensaje que contrasta con los términos de las evaluaciones que se hacen en su propio despacho.

El siguiente paso

En un diagnóstico efectuado por Ceofanb con anterioridad, la expresión “paro nacional” no figuraba en el panorama. Ahora, está de primera en la lista de acciones “más peligrosas” que emprendería la oposición. El coronel retirado del Ejército Antonio Guevara explica: “para que una huelga tenga efecto sobre el sector militar tendría que restringir de alguna forma las actividades administrativas en Fuerte Tiuna”, que es el centro de actividad de la FANB.

Recordó que durante manifestaciones pacíficas realizadas en Los Próceres durante las últimas dos semanas las medidas de seguridad aplicadas fueron de tal magnitud que impidieron parcialmente el paso de los trabajadores civiles, así como la salida de las personas que residen en el sector. “El Ipsfa cerró y el fuerte se paralizó”, indicó.

A su juicio, es necesario combinar la magnitud de las protestas con dosis de creatividad e imaginación, que mantengan la actividad opositora en su carácter pacífico. “Es inevitable el concurso de la Fuerza Armada en la transición. Por lo tanto no puedes confrontarla, pero sí enviarle mensajes y contenidos que la sensibilicen en torno a lo que está sucediendo en el país”, sugirió Guevara, quien actualmente se desempeña como consultor en temas políticos y de seguridad.

El oficial retirado mencionó los llamados “madrugonazos” como parte del menú de acciones posibles. Y este es precisamente el segundo peligro que avizora el Ceofanb, a propósito de un ensayo efectuado por diputados frente a la Comandancia General de la GN, el 11 de abril.

Los otros riesgos delineados por la cúpula castrense son “acciones violentas” contra instalaciones de Petróleos de Venezuela y del Gobierno en general, y arremetidas contra unidades militares y saqueos “en sectores con mayor índice de conflictividad”. Finalmente, el ataque selectivo a funcionarios y “líderes políticos de ambas facciones”.

Más calle

Si en algo coinciden los análisis hechos por la FANB con los de académicos y consultores es que la confrontación en Venezuela pareciera no tener freno. “Todo señala que la conflictividad no mermará, y mucho más mientras se convoque a la Asamblea Nacional Constituyente”, advirtió el profesor del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Florida, Eduardo Gamarra.

Para el académico es claro que tanto el Ejército como la Aviación y la Armada han optado por mantenerse al margen de la represión, y delegar esta tarea a la GNB que en la actualidad “tiene una imagen horrible”. Vituperable. Este componente ha sido hasta ahora el principal ejecutor de la Operación Zamora, ordenada por el presidente Maduro a principios de abril, cuando columbraba el recrudecimiento de las manifestaciones callejeras.

La acción militar se ha avivado en Barinas, Táchira, Lara, Zulia y Distrito Capital. Ha tiznado de inclemencia y rudeza, calles y casas de ciudadanos. “Si continúa la escalada es probable que sea necesario decretar un estado de conmoción interna, lo que abriría las puertas a una intervención del Ejército”, descompone el panorama el Coronel Guevara.

El riesgo en este escenario es que los soldados del mayor componente castrense salgan a las calles y no regresen hasta que haya cambiado el Gobierno. Guevara recordó que durante la crisis de abril de 2002 la Guardia Nacional fue rebasada por la acción popular y se llegó a un “punto de quiebre” que obligó al entonces presidente Chávez a activar el Plan Soberanía en Caracas —conocido como Plan Ávila—, inmediato predecesor del Plan Zamora. “Entonces el alto mando de la GN ordenó el repliegue de sus tropas, y luego siguieron los demás componentes, que desconocieron la autoridad del Presidente”, recordó.

De inmediato, la alta oficialidad encabezada por el general Lucas Rincón le dijo al mandatario que lo mejor era separarse del poder. Este guion podría repetirse en 2017, con algunas variantes. De allí que los militares hayan ordenado en los sucesivos diagnósticos “reorientar los esfuerzos en realizar actividades de inteligencia” que permitan obtener alertas tempranas y “evitar la ejecución de los eventos planificados”.

Fuente: climax




Una red de 30 personas y 40 empresas conforman el entramado que utilizó Rafael Ramírez Carreño, presidente de Pdvsa durante diez años, para lavar más de dos mil millones de dólares en Banca Privada de Andorra (BPA). Entre los miembros de la red que funcionó entre 2006 y 2012, destacan sus primos Diego Salazar Carreño, Luis Mariano Rodríguez Cabello, José Enrique Luongo Rotundo y el asegurador Omar Farías Luces.

La información se desprende de la Rogatoria que las autoridades judiciales de Andorra enviaron a la Fiscalía General de Venezuela, a la cual tuvo acceso CuentasClarasDigital.org. A través del documento oficial número 4103434 del año 2012, la Batllia D´Andorra solicita información al Ministerio Público venezolano sobre un grupo de personas y empresas bajo investigación en el Principado europeo por el delito de lavado de dinero y valores.acerca deLo Mejor De La acerca de MP-caso-BPA-AN

El poder de los primos

Los investigadores andorranos desconfían de las empresas de Diego Salazar, utilizadas para movilizar cientos de millones de dólares en BPA, a las que califican de “sociedades pantalla”. Registradas en varios paraísos fiscales, en especial en Panamá a través del bufete Aleman Cordero Galindo & Lee, la mayoría aparece a nombre de Luis Mariano Rodríguez Cabello y José Enrique Luongo Rotundo, primos de Ramírez, siendo el beneficiario final de todas ellas Diego Salazar Carreño, también primo de Rafael Ramírez Carreño.

Desde las cuentas de los primos de Ramírez se realizaron numerosas operaciones entre personas naturales y jurídicas dentro y fuera de BPA, poniendo en evidencia decenas de transferencias con escasa o ninguna justificación a una serie de directivos de Pdvsa.

Sin embargo, más numerosos aún resultan los pagos realizados desde cuentas de contratistas de Pdvsa a las cuentas de los primos.

Un ejemplo de este tipo de operaciones es la efectuada desde una cuenta corporativa de Omar Farías, asegurador de Pdvsa, a la empresa registrada en Panamá Antigua Omega Inc. propiedad de José Enrique Luongo Rotundo y cuyo apoderado es Luis Mariano Rodríguez.

La cuenta número AD 28 0006 0008 2312 0034 8856 de Antigua Omega en BPA tenía un saldo de casi 218 millones de dólares en 2012 cuando las autoridades andorranas iniciaron la investigación que condujo a la Rogatoria. La suma provino de dos traspasos internos, uno por 177 millones de dólares por medio de 6 transferencias ordenadas desde un depósito abierto en BPA titularidad de la contratista de Pdvsa Compañía General de Combustibles CGC SA, una de las principales petroleras argentinas y otro por 14 millones de dólares de una cuenta de la compañía ISB Sociedad CS, SA de Omar Farías Luces, asegurador de Pdvsa y de otros cuatrocientos organismos públicos venezolanos entre ministerios, institutos, gobernaciones y alcaldías.

Esta es solo una de las decenas de transferencias que el controversial asegurador Omar Farías realizó a las cuentas de los primos y testaferros de Rafael Ramírez, incluyendo a Diego Salazar con el que dijo “no tener ningún tipo de negocio” en una entrevista al diario español El Mundo realizada a raíz del escándalo de las cuentas de venezolanos en BPA.

Omar Farías es uno de los principales responsables de la crisis financiera de 2009 en la cual decenas de socios y directivos de bancos, casas de bolsa y aseguradoras actuaron como una red para defraudar a la nación. Seguros Premier, propiedad de Farías, fue intervenida y acusada de ser parte de la plataforma financiera usada para actividades ilícitas. Sin embargo, el escándalo no impidió que Farías – protegido desde los más altos niveles del poder – siguiera siendo uno de los principales aseguradores de entidades del régimen, incluyendo Pdvsa. Un reportaje publicado inicialmente en El Nuevo Herald reveló que los contratos de cobertura de Seguros Constitución con la petrolera, que abarcaban las pólizas patrimoniales de cobertura nacional e internacional, tenían sobreprecios que superaban los 100 millones de dólares anuales.

Farías trató de incursionar en el negocio de los seguros en otros países pero no fue tan exitoso. Tanto en España como en Panamá y Ecuador, las autoridades financieras tomaron acciones legales contra sus empresas por operaciones sospechosas de lavado de dinero.

Los seguros de Pdvsa el gran negocio de Salazar, Farías y Víctor Vargas

A raíz de la explosión de Amuay, una de las mayores tragedias de la industria petrolera a nivel mundial, la opinión pública conoció un poco más acerca de los oscuros y fraudulentos negociados con los seguros y reaseguros de Pdvsa en manos de Diego Salazar, Omar Farías y Víctor Vargas Irausquín.

Uno de los receptores de las millonarias transferencias de Omar Farías dentro de BPA, José Enrique Luongo Rotundo, primo de Rafael Ramírez y de Diego Salazar, también es familiar de Jesús Enrique Luongo Demari, actual vicepresidente de Refinación, Comercio y Suministro de Pdvsa, quien era el gerente del Centro de Refinación Paraguaná en 2012, momento de la explosión de Amuay en la que perdieron la vida 42 personas, 5 permanecen desaparecidas y más de 150 resultaron seriamente lesionadas.

Desde un primer momento, Luongo Demaria descartó que el siniestro se debiera a falta de mantenimiento. A pocas horas de la explosión, con los tanques aún ardiendo y sin conocer el número de víctimas ni los daños finales, declaró a Venezolana de TV acompañado de Elías Jaua , vice presidente de la República para el momento, desestimando las denuncias de falta de mantenimiento en lo que calificó como “una matriz de opinión” sin fundamento y avalando la labor preventiva de “la nueva Pdvsa”.

Sus declaraciones fueron fundamentales para sustentar la opinión de Rafael Ramírez que atribuyó la tragedia a un sabotaje de sectores de la oposición con lo cual quedaba justificado que las compañías de seguros no pagaran a Pdvsa.

Sin embargo, la realidad parece haber sido otra.

Según expertos del sector asegurador internacional, el costo del programa de seguros de Pdvsa se había triplicado desde 2000 a 2008. Diego Salazar y otros allegados y familiares de Rafael Ramírez –como su cuñado Baldo Sansó, George Kabboul, Antonio Simancas, Héctor Gamboa y Eudomario Carruyo – otro cliente de BPA y protagonista de Los Papeles de Panamá – montaron un entramado de corrupción con base en el pago de primas de los seguros que le habría reportado millonarias comisiones al grupo y perjudicado seriamente los intereses de la petrolera.

En el libro El Gran Saqueo de Tablante y Tarre, se señala que entre las irregularidades detectadas con el caso Amuay figura el hecho de que Pdvsa no había contratado cobertura por concepto de lucro cesante o interrupción del negocio, de manera que la pérdida por este concepto, que fue de 1.200 millones de dólares, tuvo que ser asumida por PDV Insurance Company, es decir, la propia petrolera.

Al día de hoy se desconoce si La Occidental de Seguros de Víctor Vargas cubrió las pérdidas relativas al patrimonio como tampoco se ha tenido acceso al informe final del siniestro, tanto de Pdvsa como del Ministerio Público. Ramírez anunció el 25 de agosto de 2013 que “cuando la Fiscalía autorice publicaremos el informe sobre el sabotaje en Amuay”. Tres años después, ni Pdvsa ni el MP han publicado absolutamente nada sobre el tema.

Esta situación privó a la petrolera de los recursos necesarios para recuperar la planta. Expertos señalan que debido a ello Amuay está produciendo solo la mitad de su capacidad diaria.

El MP “investiga” el caso BPA desde hace cuatro años

La Rogatoria dirigida por las autoridades de Andorra al Ministerio Público venezolano aspiraba a aclarar las decenas de operaciones en su mayoría “muy genéricas y sin soporte documental suficiente dada la importancia del volumen económico” realizadas por la red de los primos de Rafael Ramírez en Banca Privada de Andorra. Hasta la fecha, se desconoce si la Fiscalía General respondió la solicitud.

Ante un requerimiento similar realizado en marzo por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional que investiga a Ramírez, el Ministerio Público, a través de la directora Contra la Corrupción Paula Ziri Castro, negó suministrar información aduciendo que luego de cuatro años, “el proceso actualmente se encuentra en fase de investigación”.

Fuente: cuentasclarasdigital




Lo sucedido el domingo 16 de octubre forma parte de un plan estructurado, nada improvisado, que empezó con el megafraude de la “Asamblea Constituyente del Psuv”.




Eran las 10 de la mañana y el teniente recién ascendido ya sudaba debajo de su careta protectora de plástico y su chaleco antibalas color negro. Unos días antes, el hombre de 28 años de nombre Catire había visto cómo le rompían el brazo a un miembro de la Guardia Nacional durante una protesta. Y una semana atrás, uno de sus amigos se desplomó a tan solo unos pasos de él mientras hacía frente a las manifestaciones: había recibido un disparo en la ingle.