La dirección nacional del partido Primero Justicia (PJ) removió a tres diputados de su fracción y de sus respectivas comisiones en la Asamblea Nacional, luego de que se revelase con hechos reales su participación en una trama de corrupción para favorecer a empresarios vinculados con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).

Los diputados sancionados por el partido son Luis Parra, quien pertenecía a la comisión de Medio Ambiente, y Conrado Pérez y José Brito, hasta ahora miembros de la Comisión de Contraloría. Los tres aparecieron en un reportaje del portal Armando.info como firmantes de documentos para solicitar el cierre de investigaciones contra Carlos Lizcano y Alex Saab, relacionados con los Clap.

PJ destacó que fueron dos de sus diputados, José Guerra y Carlos Paparoni, quienes tres años atrás presentaron ante la Asamblea Nacional informes y pruebas sobre la responsabilidad de actores públicos y privados en hechos de corrupción mediante la importación de alimentos para el programa de alimentos Clap.

“Nos avergüenza que después de tantos años de trabajo destruyendo a esta mafia de corrupción haya diputados aprovechándose para enriquecerse con la protección de estas mafias”, expresó la tolda amarilla en un comunicado.

El partido indicó que solicitarán el enjuiciamiento de los tres parlamentarios dentro de Primero Justicia y en tribunales e instituciones internacionales. Expresó que se tomarán todas las acciones para “refrendar” el camino hacia un cambio y enfatizó el compromiso de sus miembros de “desterrar” cualquier desviación o conducta que los aleje del objetivo.

“Ratificamos que continuaremos la investigación por parte del Tribunal Disciplinario de nuestro partido para los diputados Luis Parra, José Brito y Conrado Pérez, con el objetivo de esclarecer estas denuncias y determinar responsabilidades en caso de que existan”, añadió.

Semanas antes, el 6 de noviembre, el diputado José Guerra, desde el exilio, denunció la existencia de una operación con presencia del gobierno de Nicolás Maduro para “comprar voluntades” de parlamentarios.

Días después, el 24 de noviembre, el expresidente de Pdvsa Rafael Ramírez compartió un documento firmado por miembros de la Comisión de Contraloría en el cual se desistían las averiguaciones contra Alex Saab, empresario colombiano sancionado e investigado a nivel internacional.

El caso generó la separación de su cargo del presidente de la Comisión, Freddy Superlano, y el inicio de investigaciones en la Asamblea Nacional.

Fuente: efectococuyo