Más de 1.600 protestas en el país, 7 personas asesinadas y más de 300 heridos por la represión para impedir el ingreso de la ayuda humanitaria fue parte del saldo de conflictividad que hubo en el país durante febrero. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró 1.600 protestas en febrero de 2019. Esto se traduce en un promedio de 57 manifestaciones diarias. Una cifra que representa 260% de incremento respecto al mismo mes el año pasado que registraron 594 protestas.

Según el reporte las exigencias de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales concentraron 59% de las protestas e indica: “Aun cuando los venezolanos exigen un cambio de gobierno, no han dejado las demandas por los derechos sociales”.

Definidos por su característica los más frecuentes fueron los que reclaman el derecho a la participación política en 532 ocasiones, 464 reclamando el ingreso de ayuda humanitaria, 294 los derechos laborales y el derecho a la vivienda en 135 ocasiones.

Las movilizaciones se dieron en todo el país, no sólo en las capitales estadales y en todas destacó la masiva participación ciudadana. Sin embargo la represión se hizo presente a través de cuerpos de seguridad del Estado y civiles armados conocidos como colectivos paramilitares.

El informe resalta el amplio respaldo popular del presidente encargado Juan Guaidó quien como bien señalan logró movilizar a distintos sectores políticos y sociales. “Las modalidades de protesta más comunes fueron los cierres de calle, concentraciones y marchas”.

Los estados con más incidencias de protestas fueron principalmente los andinos Mérida con 158, Táchira con 134, Carabobo 130 manifestaciones y Miranda y Trujillo 121 y 119 respectivamente.

Participación política
En cuanto a la participación política 2019 ha mostrado el resurgimiento de las protestas políticas, mientras que en 2018 fueron las protestas sociales las que marcaron la pauta.

Según el observatorio desde que Juan Guaidó asumió la presidencia interina de la República y reactivó la lucha ciudadana en la defensa de derechos y rescate de la democracia.

Por su condición de representante de un poder popularmente electo como es la Asamblea Nacional, se ha convertido en la figura clave para conducir los cambios que demandan los ciudadanos de forma pacífica y democrática.

“En febrero se registraron 531 acciones de calle, que involucraron la participación activa de los venezolanos en todo el país, y exigían una salida pacífica a la crisis política”, se indica en el texto y agregan que el descontento popular hacia el régimen de Nicolás Maduro va en aumento.

“Los ciudadanos lo responsabilizan como el principal causante de la emergencia Humanitaria que atraviesa el país y de los problemas que afectan a la población, como fallas en los servicios básicos, escasez de alimentos y medicinas, la corrupción e impunidad, la ruptura del orden democrático y la violación sistemática de derechos humanos”, manifiestan.

Por otra parte, el informe señala que 893 protestas, más de la mitad de las ocurridas en el mes, fueron para respaldar la ayuda humanitaria y exigir derechos laborales y servicios básicos.

Estas protestas ocurrieron en todos los estados del país y 464 de ellas ocurrieron por movilización de los mismos vecinos.

El observatorio reiteró la necesidad de aceptar la cooperación humanitaria internacional para asistir a las familias venezolanas. “El futuro del país está comprometido entre una clase obrera sin trabajo de calidad y una población sin acceso a la alimentación y a la salud”.

Represión y violencia
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social confirmó hechos de represión en 12 estados del país. “La situación causó un saldo de 7 personas asesinadas por armas de fuego y más de 300 heridos, en su mayoría, por heridas de bala, perdigones, sustancias tóxicas y tratos crueles, humanos o degradantes”.

La ONG constató ataques de Colectivos paramilitares con armas de fuego en 9 estados: Anzoátegui, Apure, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Lara, Táchira, Yaracuy y Zulia.

En especial los hechos de violencia fueron en los estados fronterizos de Táchira y Bolívar, lugares donde se registraron numerosos heridos de bala y asfixiados por sustancias tóxicas y lesionados por tratos crueles, humanos y degradantes.

En Táchira, no importó la cantidad de personas que asistieron, los partidarios de Maduro bloquearon los accesos e incendiaron los intentos de traer la ayuda humanitaria consistente de suplementos alimenticios y medicinas.

Las acciones violentas fueron ejecutadas por la Guardia Nacional Bolivariana, Policía Nacional Bolivariana, Colectivos Paramilitares y grupos irregulares que impunemente hacen vida en esta zona de la frontera.

“En la zona fronteriza con Brasil la represión fue mucho más letal. Se contabilizaron 7 personas asesinadas, entre ellos 4 indígenas pemones”, indica el texto.

Desde el 22 de febrero militares del Ejército venezolano y Guardias Nacionales atacaron territorio indígena, específicamente en la comunidad de Kumaracapay, municipio San Francisco de Yuruaní del estado Bolívar. En el hecho asesinaron a una mujer pemón y 13 miembros de esta etnia resultaron heridos.

“La represión se extendió al sur de este estado colindante con Brasil durante una semana”, indica el texto que menciona a los asesinados, los indígenas, Zoraida Rodríguez, José Esley Pérez, Kliber Pérez, Rolando García y otros tres manifestantes José Hernández, José Barrios y Jorge González.

El observatorio señaló que la falta de condiciones hospitalarias hizo que la mayoría de los heridos de gravedad fueran trasladados a Roraima en Brasil para recibir atención médica, muchos de ellos con fracturas en brazos y piernas por los impactos de bala producto de los fusiles de alto calibre.

“En algunos casos, las condiciones de vulnerabilidad se agudizaron. Comunidades pemones tuvieron que desplazarse a otros territorios, cruzando a Brasil o internándose a la selva, para resguardarse de la violencia y represión desatada en su contra, mientras algunos líderes fueron perseguidos”, manifestaron en el texto.

Por último el observatorio instó al Estado venezolano a garantizar las condiciones de la población y permitir la entrada de la ayuda humanitaria para la atención ciudadana inmediata.

“No se trata de una acción injerencista, como lo han pretendido hacer ver desde el régimen de Nicolás Maduro, sino de asistencia a una población cuyas condiciones están condenadas a altos niveles de pobreza y desasosiego”, afirmaron y rechazaron el uso desproporcionado de la fuerza y la represión de los organismos de seguridad y grupos civiles armados contra la población para callar el hambre de la ciudadanía.

La organización destacó que la situación que enfrentan los venezolanos desdice que este sea un país próspero y de que en Venezuela haya autoridades preocupadas por lograr el bien común.

“El principal problema que enfrentan los venezolanos es la ausencia de democracia. Mientras no se realicen cambios en el sistema de gobierno, Venezuela continuará sumergida en la Emergencia Humanitaria Compleja que se agudiza con el pasar de los días”, concluye el texto.

Fuente: elestimulo/@mentetransfuga