La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional respaldó este viernes que la Procuraduría General de México haya desmantelado una red empresas y personas, tanto mexicanas como extranjeras, que vendían al Gobierno de Nicolás Maduro alimentos de baja calidad y con sobreprecio para ser distribuidos a través del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP).

El diputado Freddy Superlano manifestó que la investigación realizada por la justicia mexicana significa “un gran avance” para desmontar la red de corrupción que existe en Venezuela. El diputado adelantó que el Gobierno de Panamá también podría hacer anuncios relacionados a la trama de corrupción del CLAP en los próximos días.

El parlamentario recordó que delegados del Parlamento venezolano estuvo en México investigando parte de la corrupción con las cajas del CLAP y consignó de manera formal la denuncia ante el procurador general de ese país, luego de que descubrieran permisos entregados a empresas sin tener todos los elementos y requisitos exigidos por la Ley mexicana.

Apuntó que entre nueve y 14 empresas registradas en México solo servían como fachada. “Estaban cobrando sobreprecio a Venezuela, en algunos casos el incremento fue de 112% en productos mexicanos, pero en otros rubros llegaron a sobrefacturar hasta el 777%, como es el caso de la leche“, manifestó según una nota de prensa.

Alonso Israel Lira Salas, titular de la Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada en México, dijo en rueda de prensa que las empresas obtuvieron recursos desviándolos de sus fines humanitarios para adquirir alimentos y especular con ellos, aprovechándose de la carestía alimentaria que aqueja a los venezolanos.

El funcionario mencionó a empresarios llamados Alex N, Álvaro N, Enmanuel N, Andrés N, y Santiago N,quienes con el propósito de obtener productos alimentarios que deben suministrar al Gobierno venezolano, acuden a diversos países para contactar a otras empresas.

Lira Salas indicó que diversas empresas y particulares involucrados en la trama de corrupción deberán entregar al Alto Comisionado de las Naciones Unidas la cantidad de 3 millones de dólares para atender la crisis migratoria de los venezolanos y se comprometieron a no efectuar ningún acuerdo comercial con el Gobierno de Maduro o terceros relacionados con el envío y la comercialización de alimentos y medicinas del país, con motivo del programa CLAP.