El fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, confirmó que el Ministerio Público (MP) investiga la muerte de siete personas cerca de la mina El Candado, en la localidad de Tumeremo del estado Bolívar.

Aseguró este jueves, 18 de octubre, que para esclarecer los hechos fueron designados dos fiscales de delitos comunes y una fiscal de Derechos Humanos.

“No vamos a dejar impune este caso, como no lo hicimos en 2016 cuando era Defensor del Pueblo y ocurrió la masacre de Tumeremo“, dijo Saab durante una rueda de prensa transmitida por el canal del Estado.

De las siete víctimas, cuatro fueron identificadas: Abigail Colmenares (25), Edixon Contreras (23), Jean Carlos Gutiérrez (24), José Luis Awin (30) y César Martínez (22). Falta saber la identidad de un cadáver más, de acuerdo con reportes de periodistas locales.

Los familiares de los fallecidos acusan al Ejército de Liberación Nacional (ELN) de ser los causantes de estas muertes, al haberse enfrentado con integrantes de la banda de Jhosue Zurita, alías El Coporo.

Delitos económicos
Saab informó que el MP determinó la responsabilidad de ABA Mercado de Capitales en la venta de títulos valores sin la autorización de sus clientes a una empresa que es parte del mismo grupo empresarial, de nombre ABA Capital Markets Corporation, con sede en las Islas Vírgenes Británicas.

Indicó que por el caso resultaron afectadas a unas 300 familias del estado Zulia, a quienes les robaron más de 50 millones de dólares.

Entre las víctimas mencionó a las cajas de ahorros del Colegio de Abogados Zulia, el Instituto de Previsión Social del Personal Docente y de Investigación de la Universidad del Zulia, así como el Fondo de Jubilaciones y Pensiones de esa casa de estudios.

La Fiscalía solicitó una orden de aprehensión para 19 personas además del presidente del grupo ABA, Enrique Auvert, quien se encuentra en Estados Unidos (EEUU), alegando ser un perseguido político. El grupo es investigado por estafa continuada, legitimación de capitales, asociación para delinquir y apropiación de títulos valores.

Saab insistió en que la investigación sobre la estafa, denunciada en 2012, estuvo rodeada de varias irregularidades durante la antigua gestión del Ministerio Público y fue paralizada en 2016.