El juez Carlos Márquez, quien imputó a los bomberos de Mérida Carlos Varón y Ricardo Prieto por el delito de odio agravado por difundir un video satírico, se define comunista, filosofa sobre la construcción del estado comunista, alaba al ex presidente Hugo Chávez y además es militante y simpatizante del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

Márquez, de 52 años de edad, estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Los Andes y se desempeña como juez provisorio desde marzo del año 2017. Anteriormente fungía como secretario de Sala de Audiencias del Circuito Judicial Penal del estado Mérida.

En investigación realizada por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), se conoció que el juez Carlos Márquez se define como comunista en sus redes sociales y además muestra su afecto al gobierno.

Así las cosas, en un artículo publicado en el portal www.aporrea.org el primero de junio de 2017, el juez alaba al ex presidente Hugo Chávez y señala ser pueblo que no acepta que lo dirijan “desde los palacios del Countrie Club (sic) y que aun cuando no tenemos casas lujosas tenemos un comandante decidido en el palacio de Miraflores”.

En su cuenta de Facebook carlos.m.vielma, el juez Carlos Márquez filosofa sobre la construcción de estado socialista, alaba al ex presidente Chávez, muestra su militancia y simpatía con el partido de gobierno y hace proselitismo político en sus redes sociales, lo que para el ODH-ULA viola la Constitución Nacional, el Código de Ética del juez venezolano y los principios internacionales sobre la independencia judicial.

Para el ODH-ULA resulta paradójico que el juez Carlos Márquez impute a los bomberos de Mérida el delito de odio agravado y en sus redes sociales hace apología de la violencia, fotografiándose con armas y frente a una sede de los colectivos (grupos pro gobierno armados ilegalmente), ubicada en el sector de Santa Juana, de la ciudad de Mérida.

Según conoció el ODH-ULA, el juez Carlos Márquez saltó a la palestra judicial en el año 2017 porque como juez de control 3 se encargó de imputar, sin que hubiera elementos de convicción, a cerca de 200 ciudadanos, jóvenes y profesores universitarios detenidos durante las protestas del 2017 en Mérida.

Los patrones de actuación del juez Márquez incluyeron diferimiento de audiencias para prolongar la detención y solicitud de medidas de fiadores con la misma intención.

Asimismo, ignoró a la Fiscalía cuando solicitó libertad plena dado que las actas policiales no contenían elementos de convicción para configurar delito.

También se dedicó a amenazar a la Fiscalía por no imputar delito a los detenidos que protestaron contra el gobierno de Nicolás Maduro durante la primera mitad del año 2017.

En ese sentido, el ODH-ULA recordó que el 6 de julio del 2017 los profesores universitarios denunciaron el ensañamiento del juez Carlos Márquez en contra del profesor de la ULA, Rafael Cuevas, detenido el 26 de junio de 2017, quien fue detenido por protestar pacíficamente por la crisis económica y política en Venezuela.

Mientras transcurren estos 45 días de la fase de investigación del proceso penal, y en todas sus fases subsiguientes, el ODH-ULA hace un llamado al poder judicial para que no politice la justicia, no criminalice la libertad de expresión y la crítica, e imparta justicia de manera objetiva, imparcial e independiente, como se lo exige la ley venezolana y los tratados internacionales suscritos por Venezuela.